¿Y AHORA, QUÉ?

El precio del país, cotizado en barriles

FUEGO CRUZADO GEOPOLÍTICO — PARTE IX

Sesenta y cinco mil millones de barriles. Veinticinco años, o cien. Nadie dice cuál.

La noche del viernes 28 de agosto de 2026, el presidente de los Estados Unidos anunció en Truth Social lo que llamó el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial: que por instrucción suya, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, trabajando con la presidenta interina Delcy Rodríguez y mediante una alianza con capital privado, habían asegurado el control mayoritario estadounidense de más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente norteamericano.

Veinticuatro horas después, desde un estudio en Caracas, el mismo acuerdo fue descrito al pueblo venezolano en términos distintos. Rodríguez anunció un pacto de veinticinco años que abarca diecisiete campos estratégicos, con una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios, 100.000 millones de dólares en inversión y más de 209.000 millones en impuestos para el fisco. Y la frase que cargaba el peso político: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos.

Un anuncio dice que los Estados Unidos tomaron el control mayoritario. El otro dice que Venezuela no entregó nada. Uno dice cien años. El otro dice veinticinco. Ambos describen los mismos diecisiete campos. No se ha publicado el texto de ningún acuerdo en ninguno de los dos países.

Este artículo intenta lo que ninguno de los dos anuncios hace: ponerle números al asunto, compararlos con lo que otros países petroleros han firmado, nombrar las acreencias que ya hacen fila delante del primer barril — y luego formular la pregunta que importa más que todas ellas. No si los términos son buenos o malos, sino si el dinero, al llegar, puede hacer algo en el país que lo recibe.

I. EL DENOMINADOR QUE NADIE PUBLICÓ

Empecemos por la cifra que le da sentido a todas las demás, y que ninguno de los dos gobiernos suministró.

Las reservas probadas de Venezuela ascienden a aproximadamente 303.000 millones de barriles — las mayores del planeta, por delante de los 267.000 millones de Arabia Saudita, los 209.000 millones de Irán, los 163.000 millones de Canadá y los 145.000 millones de Irak, y equivalentes a entre el 17 % y el 18 % del total mundial. Contra ese denominador, los 65.000 millones de barriles que cubre este acuerdo representan cerca del 21 % de la dotación nacional. Una quinta parte del país. No el país.

Esa corrección desinfla la alarma. Una segunda corrección la vuelve a inflar, y más.

La cifra de reservas venezolanas es autorreportada a la OPEP y nunca ha sido auditada de manera independiente. Rondaba los 100.000 millones de barriles hasta 2007 y luego se triplicó para 2013, tras una reclasificación de los depósitos de la Faja del Orinoco bajo el proyecto Magna Reserva — mientras la producción real permanecía plana. Francisco Monaldi, del Baker Institute de la Universidad Rice y la autoridad más citada en economía petrolera venezolana, lo plantea sin rodeos: Venezuela auditó los recursos en sitio, no las reservas, y su tasa real de recuperación es menos de la mitad de lo que el país declara. Su estimación conservadora de reservas genuinas es de 100.000 a 110.000 millones de barriles.

Corran el acuerdo contra ese denominador y 65.000 millones de barriles ya no son una quinta parte de la dotación nacional. Son aproximadamente el 60 % de ella.

Cuál de las dos cifras sea correcta determina si esto es una concesión parcial o algo cercano a una participación de control sobre el futuro petrolero del país. Ninguno de los dos gobiernos ha publicado una certificación de reservas para los diecisiete campos. Capital Economics levantó la misma bandera en su comentario del fin de semana, advirtiendo que el valor de las reservas venezolanas pudo haber sido exagerado bajo Chávez. Hasta que alguien certifique los barriles, nadie — ni en Caracas, ni en Washington, ni en ninguna sala de juntas en Houston — sabe qué fue lo que realmente se transó.

II. LA ARITMÉTICA, VERIFICADA

Las cifras del propio gobierno venezolano son verificables internamente, y no cuadran.

Tomemos los términos tal como fueron declarados: veinticinco años, producción superior a 1,5 millones de barriles diarios, regalías mínimas del 16 %, impuesto sobre la renta del 34 %, más de 209.000 millones de dólares en impuestos para Venezuela, y la afirmación resumen de cerca de diecinueve dólares por barril ingresando directamente al país.

A 1,5 millones de barriles diarios sostenidos durante veinticinco años, la producción total es de aproximadamente 13.700 millones de barriles — cerca del 21 % de los 65.000 millones que nominalmente contienen los campos. Con la propia meta de producción del gobierno, el plazo de veinticinco años extrae apenas una quinta parte del recurso que cubre. Las otras cuatro quintas partes quedan dentro de lo que sea que describa la cifra de cien años.

Ahora el ingreso. 209.000 millones divididos entre 13.700 millones de barriles arrojan aproximadamente 15,25 dólares por barril, no diecinueve. Para llegar a diecinueve, o la producción debe correr un 25 % por encima de la meta, o el plazo debe ser mayor a veinticinco años, o la proyección asume precios del crudo muy superiores a los que han prevalecido este año. Una de las tres cifras publicadas es inconsistente con las otras dos, y no existe texto contra el cual reconciliarlas.

Contrastemos ese ingreso con la emergencia que nominalmente debe atender. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estima los daños directos del doblete del 24 de junio en 37.000 millones de dólares — unos 24.000 millones en edificaciones y 13.000 millones en agua y saneamiento, telecomunicaciones, carreteras, ferrocarriles y energía. El Banco Mundial estima el daño físico directo en 19.600 millones, casi la mitad residencial, con cerca del 47 % del impacto económico total concentrado en La Guaira y el Distrito Capital, y advierte que una reconstrucción lenta podría deprimir la recuperación del país durante una década.

Frente a eso: 209.000 millones a lo largo de veinticinco años son unos 8.400 millones al año — y no comienzan con la firma. Los analistas coinciden en tres a cuatro años antes de cualquier aumento significativo de producción. La factura de la reconstrucción es presente. El ingreso que la atiende llega hacia 2030, a un ritmo que salda la estimación de daños de la ONU a mediados de la próxima década.

Esto no es un argumento contra el acuerdo. Es un argumento contra la idea de que responde a la emergencia que hoy está sobre el terreno.

III. LOS TÉRMINOS, COMPARADOS

Un 16 % de regalía y un 34 % de impuesto sobre la renta no significan nada sin saber qué cobran otros soberanos por el mismo producto.

El régimen venezolano anterior. La Ley de Hidrocarburos de 2001 fijó regalías entre el 30 % y el 33 %, complementadas con gravámenes extraordinarios durante los años de precios altos, con participación estatal superior al 50 % obligatoria en las empresas mixtas. La reforma de enero de 2026 mantuvo el piso de participación estatal pero permitió que operadores privados asuman la gestión técnica, operativa y financiera de proyectos específicos por su cuenta y riesgo. Solo en regalía, los nuevos términos reducen aproximadamente a la mitad lo que Venezuela cobró durante el último cuarto de siglo.

Noruega. La participación estatal sobre la utilidad petrolera ronda el 78 %, mediante un impuesto petrolero especial superpuesto al impuesto corporativo ordinario, y con el Estado además manteniendo participaciones directas en campos productores.

Arabia Saudita. La participación estatal efectiva se aproxima al 90 %, al estar el recurso en manos de una compañía nacional que el Estado controla por completo.

Brasil. Los términos de reparto de producción del presal entregan una participación estatal entre el 60 % y el 70 %, con los repartos de petróleo-ganancia licitados competitivamente.

Guyana — la comparación que nadie hace, aquí al lado. Bajo el acuerdo de Stabroek de 2016, Guyana recibe un 2 % de regalía sobre toda la producción; el consorcio liderado por ExxonMobil recupera costos de hasta el 75 % de la producción mensual; y lo que resta se divide mitad y mitad. En los primeros años, con la recuperación de costos en el tope, la participación total de Guyana fue de aproximadamente el 14,5 % — un contrato condenado en toda la región como el más favorable al operador de la era moderna.

Los términos titulares de Venezuela quedan por encima de la participación temprana de Guyana y muy por debajo de todos los demás referentes. Pero los términos titulares no son la participación efectiva, y aquí está el corazón analítico del asunto: lo que determina la porción real de un Estado productor no es la tasa de regalía sino el mecanismo de recuperación de costos — y las provisiones venezolanas de recuperación de costos no han sido divulgadas.

Guyana lo demuestra en ambas direcciones. El 18 de agosto, el presidente Irfaan Ali anunció que la participación de Guyana había subido al 39,8 % — no por renegociación, sino porque el consorcio terminó de recuperar su banco de costos de 55.000 millones de dólares unos dos años antes de lo previsto, reduciendo la extracción mensual de petróleo-costo a cerca de una cuarta parte de la producción. Mismo contrato. Participación subiendo del 14,5 % al 39,8 % por la pura aritmética de la amortización.

De modo que el veredicto honesto sobre los términos fiscales es: incognoscible a partir de lo publicado, y probablemente menos favorable de lo que sugiere el titular. Un 16 % de regalía contra un 34 % de impuesto suena moderado. Superpuesto a un techo de recuperación de costos no divulgado, en campos que exigen el enorme gasto de capital que demanda el crudo extrapesado del Orinoco, con ocho bloques greenfield sin infraestructura previa, la participación efectiva de corto plazo podría plausiblemente ubicarse en la franja del diez y tanto por ciento — territorio guyanés — durante una década o más antes de que la amortización dé la vuelta.

Un término más quedó sin mencionar por ambos gobiernos. Venezuela es miembro fundador de la OPEP. Una meta de producción de 1,5 millones de barriles diarios, en ascenso hacia los 3 millones que el país bombeaba al cierre del siglo pasado, no es compatible con la disciplina de cuotas que la OPEP ha pasado tres años imponiendo. Ninguna de las dos capitales mencionó al cartel. El cartel lo mencionará.

IV. EL VEHÍCULO, LA CONTRAPARTE Y LA FILA

Ninguno de los dos gobiernos nombró al operador privado. El Wall Street Journal sí lo hizo, y Reuters lo recogió: el gobierno estadounidense planea tomar una participación pasiva del 35 % en North American Blue Energy Partners, la firma dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, más derechos preferentes para comprar el 20 % de la producción a costo — estructurado por la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono mediante penny warrants que otorgan participación accionaria sin inversión de capital significativa. NABEP se ha convertido en el segundo productor privado de Venezuela detrás de Chevron y desarrollaría los diecisiete campos, que según Bloomberg abarcan el área de Junín en la Faja del Orinoco y campos alrededor del Lago de Maracaibo. La estructura surgió después de que los grandes productores estadounidenses declinaran comprometer capital sustancial, citando riesgos legales, de seguridad y de infraestructura.

Treinta y cinco más veinte son cincuenta y cinco. La aritmética del control mayoritario se resuelve.

Entonces el Pentágono desmintió el mecanismo. El vocero principal Sean Parnell declaró a Reuters que la Oficina de Capital Estratégico no toma participaciones accionarias en compañías privadas, y que su función estatutaria se limita a préstamos, garantías de préstamo y asistencia técnica. La OSC fue creada en 2022 para apoyar tecnologías críticas con capital privado; a diferencia de la Corporación Financiera de Desarrollo, no tiene facultad explícita para tomar participación accionaria directa, lo que plantea una cuestión legal genuina sobre el fundamento del arreglo, con independencia de la opinión que cada quien tenga sobre sus méritos.

La contraparte merece la misma franqueza que se aplica a la firmante. Betancourt pertenece a los bolichicos — la cohorte de empresarios jóvenes y políticamente conectados que amasaron fortunas con contratos públicos durante los años de Chávez. Cofundó Derwick Associates, que desde 2009 obtuvo al menos once contratos de plantas eléctricas sin licitación por un valor estimado entre 2.000 y 5.000 millones de dólares, pese a que la firma tenía poca experiencia previa en el sector. El capítulo venezolano de Transparencia Internacional estimó que Derwick sobrefacturó al Estado en 2.900 millones de dólares. Investigadores en Venezuela, Estados Unidos y España examinaron presuntos vínculos con esquemas de lavado que involucraban fondos de PDVSA; expedientes estadounidenses lo han identificado como conspirador no imputado; los procedimientos españoles siguen abiertos. Betancourt y Derwick han negado las acusaciones, las autoridades venezolanas cerraron su investigación sin cargos, y no se han presentado cargos penales contra él personalmente. Reportes de este mes indican que funcionarios estadounidenses han intercedido ante autoridades suizas en asuntos que tocan sus intereses, y que ha estado asesorando a Rodríguez sobre la reactivación de la industria. Bloomberg reportó que, en ausencia de licitación competitiva, ha adquirido influencia significativa sobre qué compañías reciben oportunidades.

Y los barriles entran a una fila. La nueva producción venezolana no llega a un entorno legal limpio. Las acreencias externas totales suman aproximadamente entre 150.000 y 170.000 millones de dólares contra un PIB que el FMI estima cercano a los 83.000 millones — una razón de entre el 180 % y el 200 % antes de las obligaciones domésticas. China mantiene entre 10.000 y 25.000 millones, buena parte colateralizada con embarques de crudo, lo que le da a Pekín capacidad para complicar cualquier reestructuración que no le convenga. Rusia mantiene unos 9.000 millones vía Rosneft. ConocoPhillips tiene un laudo CIADI de 8.500 millones más intereses, ratificado íntegramente por un comité de anulación en enero de 2025 y que supera los 10.000 millones con intereses; ExxonMobil más de 1.000 millones; Crystallex 1.400 millones; Gold Reserve más de 1.000 millones. Detrás quedan unos 60.000 millones en bonos en cesación de pagos, y los tenedores del bono PDVSA 2020 mantienen un gravamen del 50,1 % sobre la matriz de Citgo.

El activo que debía satisfacerlos ya se perdió: un tribunal de Delaware ordenó la venta de la matriz de Citgo a Amber Energy, filial de Elliott Investment Management, por 5.900 millones contra acreencias superiores a los 20.000 millones. La propia Rodríguez denunció esa venta como fraudulenta y forzada.

Cada uno de esos acreedores ha pasado años demostrando su disposición a perseguir activos venezolanos en múltiples jurisdicciones. La producción de diecisiete campos, operada por una compañía en la que el gobierno estadounidense supuestamente tiene participación, es exactamente el tipo de activo que los abogados existen para embargar. La estructura — un vehículo privado en lugar de PDVSA, con el soberano conservando el título pero no las operaciones — bien pudo haber sido diseñada con eso en mente. Si así fue, es ingeniosa, y es el tipo de ingenio que produce una década de litigio en vez de evitarlo.

V. EL PAÍS QUE NO PUEDE RECIBIR EL DINERO

Ahora la pregunta que importa más que los términos, y que ninguna cobertura del fin de semana ha formulado.

Supongamos que cada cifra del anuncio es cierta. Supongamos que llegan 100.000 millones y regresan 209.000 millones. ¿Qué, exactamente, los recibe?

Consideremos cómo funciona una economía. Las empresas producen bienes y servicios. Los venden. Obtienen utilidades. Las utilidades financian reinversión, contratación y compras a proveedores. Los salarios se convierten en consumo, que regresa a las empresas. Los excedentes se convierten en ahorro; el ahorro en depósitos; los depósitos en crédito; el crédito financia capital de trabajo para las firmas y compras para los hogares. El circuito se ensancha en cada vuelta. El gobierno no opera esto. El gobierno suministra cuatro precondiciones y se aparta: derechos de propiedad exigibles, contratos exigibles, moneda que conserve su valor, y bancos que presten según el riesgo y no según la instrucción.

En Venezuela cada eslabón de esa cadena fue cortado, cada uno con un instrumento diseñado al efecto. La expropiación acabó con el incentivo a producir — nadie invierte lo que puede ser confiscado, y más de cinco millones de hectáreas de tierra agrícola se fueron junto con las fábricas. Los controles de precios volvieron obligatorio vender por debajo del costo. Los controles cambiarios convirtieron la rentabilidad de un resultado de mercado en una concesión política, ya que los insumos solo podían comprarse con divisas asignadas administrativamente. La hiperinflación destruyó la reserva de valor y con ella el ahorro. Encajes legales del 73 %, del 85 % sobre obligaciones netas y del 100 % marginal eliminaron el crédito privado por completo. Y el colapso salarial — sueldos y pensiones públicas por debajo de diez dólares mensuales — acabó con el consumo.

Cualquiera de esos rompe el circuito. Se aplicaron todos juntos.

El resultado, medido: el crédito bancario al sector privado en Venezuela hoy ronda el 1 % del PIB. El promedio mundial se sitúa cerca del 52 %; por encima del 70 % marca un sistema financiero desarrollado; por debajo del 15 % significa que empresas y hogares carecen efectivamente de acceso al crédito. Venezuela estaba cerca del 24 % apenas en 2015. Los activos totales del sistema bancario se habían reducido a unos 3.000 millones de dólares para 2023 — menos de lo que maneja un solo banco regional mediano en Colombia o Perú. El crédito privado institucional doméstico es, en palabras de los analistas que lo siguen, inexistente en la práctica; las cadenas de crédito de proveedores han reemplazado al sistema bancario.

Y aquí está la trampa sobre la que casi nadie escribe. El tipo de cambio se mantiene estable gracias a la estrangulación del crédito. Venezuela puso fin a la hiperinflación no produciendo nada, sino destruyendo la demanda: eliminando el crédito y dejando que los salarios reales colapsaran. Compró estabilidad de precios con depresión permanente, porque no había respuesta de oferta disponible para absorber demanda alguna. Suelten el crédito ahora y la inflación regresa. Manténganlo cerrado y la economía privada no puede reiniciarse.

La economía física cuenta la misma historia. SIDOR produjo 4,3 millones de toneladas de acero en 2007 bajo gestión privada; tras la nacionalización cayó por debajo de las 300.000 toneladas, operaba al 7 % de su capacidad en 2017, produjo 1.000 toneladas a escala nacional en noviembre de 2019, y cesó operaciones de manera permanente tras el apagón de ese año. En hierro de reducción directa, Venezuela pasó de ser el mayor exportador del mundo con 3 millones de toneladas al séptimo lugar con 600.000. Las tres principales cementeras fueron nacionalizadas en una corporación estatal que controlaba el 90 % de la producción; la producción cayó un 42 %, de 10,2 millones de toneladas en 2007 a 5,9 millones en 2015, y muchas plantas apenas operan. El sector de la construcción funciona a no más del 5 % de su capacidad.

Ahora pongan esos hechos contra la reconstrucción. Cuatro mil doscientos edificios que requieren demolición. Treinta y siete mil millones de dólares en daños. Y el país no tiene industria siderúrgica, tiene la mitad de su cemento, un sector construcción a la vigésima parte de su capacidad — y sus ingenieros en el exterior.

Casi ocho millones de venezolanos se han ido. Cerca del 90 % de los emigrantes posteriores a 1999 tenía título universitario. Veintidós mil médicos partieron entre 2012 y 2017, junto con más de 167.000 docentes y cerca del 15 % de los científicos del país. En PDVSA, 18.000 empleados fueron despedidos tras el paro de 2003 — casi la mitad de la nómina — y unos 25.000 más renunciaron solo en 2017. La generación del Gran Mariscal de Ayacucho, enviada al exterior con becas del Estado en los años setenta precisamente para formar el cuadro técnico que exige una economía moderna, en su mayoría nunca regresó. Tampoco lo hicieron los hijos de la inmigración italiana, portuguesa y española de la posguerra que construyó el comercio y la construcción venezolanas. El centro de pensamiento del exilio Plan País estima que solo cerca del 20 % de los exiliados calificados consideraría regresar pronto.

Lo cual produce la conclusión que gobierna todo lo demás en este artículo. El dinero que llegue a esa estructura no puede convertirse en producción doméstica. No hay crédito para financiar el inventario de un proveedor, no hay cemento ni acero para construir, no hay firmas de escala para emplear a nadie, y no hay ingenieros para dirigir la obra. Todo insumo debe importarse. Así que los dólares entran por arriba y salen de nuevo como importaciones, procura y contratación extranjera — con valor agregado doméstico cercano a cero y efectos de empleo confinados al enclave extractivo.

Esa es la definición de manual de una economía de enclave: extracción que genera divisas para quien controle el Estado, con casi ningún encadenamiento con el país que la rodea. Es la estructura que Venezuela tenía antes de 1958, la que sembrar el petróleo fue concebida en 1936 para superar — y la que veintisiete años de chavismo restauraron demoliendo todo lo que el petróleo debía haber sembrado.

Una aclaratoria, porque aquí es donde el análisis suele equivocarse. Este no es un país cuya gente no quiera trabajar. Los mismos venezolanos capitalizan en menos de un año tras llegar a Madrid, Bogotá, Santiago o Houston — fundando empresas, superando los promedios locales en emprendimiento y educación. En toda América Latina los trabajadores informales cumplen jornadas más largas que los formales. El esfuerzo nunca fue el insumo faltante. Lo que falta es la maquinaria que hace que el esfuerzo se acumule: título, crédito, cumplimiento de contratos y moneda que conserve su valor. Sin eso, el trabajo produce subsistencia y se evapora. Con eso, las mismas manos construyen.

VI. NOVENTA AÑOS DEL MISMO ERROR

El enclave no es un accidente de los últimos veintisiete años. Es la herencia de la región, llevada a su forma terminal.

América Latina recibió de España una arquitectura construida para extraer y remitir a través de una única capital virreinal — monopolios mercantilistas, privilegios corporativos, mercedes de tierra a un puñado de familias. La independencia cambió la bandera y conservó la estructura: el Estado como el mayor actor económico y principal asignador de oportunidades, la capital como único nodo del país, y la cercanía al poder — no la competencia — como ruta hacia la riqueza. Miren el mapa de cualquier república de la región y encontrarán un centro con radios, frente a la geografía industrial policéntrica de los Estados Unidos o Alemania. Súmenle la mayor concentración de tierra del mundo y obtienen un sector privado que es él mismo parcialmente concesionario — construido sobre licencias, contratos y tipos de cambio preferenciales antes que sobre mercados.

Esa arquitectura produce subproducción crónica, y la subproducción crónica es el verdadero motor inflacionario de la región. Una economía que no puede abastecer su propia demanda debe importar; las importaciones requieren divisas; las divisas provienen de una base exportadora estrecha; cuando esa base flaquea, la moneda se devalúa; y la devaluación se traslada directamente a los precios. Los déficits fiscales cargan con la culpa de una herida infligida por la estructura productiva.

El costo es medible. La región cayó del 7,95 % del PIB mundial en 2012 al 5,26 % en 2022 — un tercio de su peso global perdido en una década; en términos de paridad de poder adquisitivo hoy se ubica en 7,07 % frente al 19,89 % de China. Durante los años ochenta, el ingreso per cápita cayó del 112 % del promedio mundial al 98 % — cruzando de arriba hacia abajo de la media global — y del 34 % al 26 % de los niveles de los países desarrollados. El crecimiento de la productividad desde 1980 ha promediado 0,4 % anual, cerca de una quinta parte del promedio del mundo en desarrollo, y fue negativo entre 2005 y 2019. Un trabajador latinoamericano produce cerca de una quinta parte de lo que produce un trabajador estadounidense, una proporción esencialmente inalterada desde 1950. Cerca de la mitad de todos los trabajadores son informales; alrededor del 60 % trabaja en firmas de menos de diez empleados, frente a menos del 20 % en la OCDE. En los años ochenta, América Latina y el Este de Asia tenían perfiles comerciales casi idénticos — delgados, dependientes de un solo socio del norte. El Este de Asia construyó redes regionales densas y convergió. La región no.

Venezuela le añadió petróleo a esa herencia, lo que enrutó cada dólar por la presidencia. Y dos hechos deben decirse, porque son incómodos para cualquiera con nostalgia por la república pre-chavista. El declive comenzó mucho antes de Chávez: el PIB per cápita alcanzó su pico hacia 1977–78, y Venezuela aparece señalada en la literatura sobre crecimiento como uno de los pocos países de la región que no logró crecer con normalidad ni siquiera antes de 1980, cuando la mayoría de sus vecinos aún lo hacía. Él heredó dos décadas de contracción, que es precisamente la razón por la cual pudo ganar una elección. Y lo que destruyó no era una economía libre sino la economía concesionaria descrita arriba — razón por la cual la destrucción encontró tan poca resistencia, y razón por la cual restaurar el orden anterior no es un programa coherente de reconstrucción. No hay una línea base sana a la cual regresar. Solo hay una por construir por primera vez.

Y luego está el hecho que carga con todo el argumento institucional mejor que cualquier teoría.

El Fondo de Inversiones de Venezuela fue creado en 1974 para convertir un ingreso extraordinario y finito en una dotación permanente. Noruega creó su fondo soberano en 1990 — dieciséis años después, estudiando un concepto que Venezuela ya había inventado. El fondo noruego mantiene hoy cerca de 1,8 billones de dólares. El venezolano fue absorbido por un banco de desarrollo en 2001, y el fondo de estabilización sucesor tenía menos de 3 millones de dólares cuando llegó la crisis. Las estimaciones de lo que la corrupción y la mala gestión consumieron en esas décadas superan los 100.000 millones. El presidente que creó el FIV fue posteriormente removido del cargo por la Corte Suprema por peculado.

Noruega copió a Venezuela. Venezuela destruyó el original.

Y el acuerdo anunciado el viernes es la tercera iteración de un mismo error que se repite. Los años setenta: bonanza petrolera, el Estado endeudándose contra ella, la deuda externa multiplicándose, La Gran Venezuela, ninguna transformación productiva — y luego el Viernes Negro de 1983 y la década perdida. Los años dos mil: el superciclo de las materias primas, entradas enormes, expropiaciones, ninguna transformación — y luego el colapso. Ahora 2026: ya no endeudarse contra las reservas, sino venderlas por adelantado.

Lo cual es peor que endeudarse, en tres formas específicas. La deuda crea un pasivo con calendario de servicio, imponiendo al menos disciplina nominal mientras el activo permanece en el balance; una venta a futuro extingue el activo mismo. Consume el colateral — las reservas eran lo único contra lo cual Venezuela podría haberse endeudado en términos decentes una vez que tuviera un gobierno legítimo, y comprometerlas ahora al 16 % clausura el mejor acuerdo que un gobierno con mandato habría podido negociar. Y llega en la forma equivocada: deuda o capital hacia una economía funcional se convierte en crédito y capital de trabajo, mientras que esto llega como divisas en la cima de un Estado, en una economía con 1 % de penetración crediticia, donde solo puede convertirse en importaciones y procura.

Cada vez, el capital entró por la presidencia y no por un mercado. La arquitectura que garantiza ese resultado no ha sido tocada ni una sola vez.

VII. LO QUE DIJO EL PAÍS, Y LO QUE NO HIZO LA MESA

La distancia entre el anuncio y el país se midió el sábado por la mañana en un mercado del este de Caracas, donde Douglas Borjas le dijo a la Associated Press que pensaba que el gobierno lo hacía para aferrarse al poder — ofreciendo petróleo a cambio de que lo dejaran tranquilo en el cargo — y que los venezolanos merecían algo mejor: los recursos pueden explotarse, pero para el pueblo y no para una élite corrupta.

Ricardo Hausmann aportó la versión institucional, calificándolo de acuerdo vergonzoso y argumentando que los venezolanos no respetarán un acuerdo ilegítimo y que ninguna gran petrolera lo tomará como duradero, porque saben que no durará — al no tener Rodríguez, en su evaluación, ni legitimidad ni poder constitucional para comprometer al país. Divulgación que el lector merece: Hausmann es economista de Harvard y fue ministro de Planificación de Venezuela a principios de los noventa; también es un adversario de larga data del chavismo que ha trabajado en planificación económica opositora. Es un participante en esta disputa, no un árbitro.

La objeción constitucional tiene dos partes y solo la segunda es discutible. La ley venezolana trata a los hidrocarburos como bienes inalienables del dominio público — pero el acuerdo parece diseñado para transferir función y no título, lo que podría sortear ese obstáculo. La objeción procesal es más dura: contratos de esta magnitud requieren licitación competitiva y ratificación por una Asamblea Nacional legítima. El cuerpo que aportaría esa ratificación está actualmente sentado frente a la mesa de negociación con la mujer que firmó.

La respuesta opositora se dividió, y no en el eje que Washington habría esperado. Juan Pablo Guanipa no rechazó el acuerdo — lo condicionó. Calificó la destrucción de PDVSA como el acto más gravemente antivenezolano del chavismo, aceptó que el país no puede explotar su riqueza sin cuantiosa inversión privada extranjera, concedió que el acuerdo tiene potencial genuino para reactivar la industria, y fijó el precio: la única manera de que beneficie a ambas partes en el largo plazo es una elección libre que produzca un gobierno representativo, reglas claras, estado de derecho e instituciones que manejen los recursos con transparencia. Mientras la gente que destruyó el país siga manejando el dinero, dijo, se está construyendo un rascacielos con pilares de barro. Desde Madrid, Edmundo González preguntó si el petróleo mejoraría la vida de todos los venezolanos o solo la de algunos.

Mientras tanto, la vía política pasó agosto demostrando que no puede moverse. La sesión del 1 de agosto se realizó por teléfono; Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera no se reunieron. La del 6 de agosto llevó a Figuera a Caracas en persona y produjo una fotografía y tres temas generales — ayuda a las víctimas del terremoto, fortalecimiento de la democracia, derechos y garantías políticas — sin mediador neutral, sin avance sobre los 382 presos políticos que Foro Penal contabiliza, y sin fijar fecha para la próxima reunión.

La evaluación de Christopher Sabatini para Chatham House ubica el problema estructuralmente: ofrecerle a los venezolanos la quimera del diálogo es una táctica que el gobierno ha empleado desde Chávez para dilatar y desviar, y la administración ha preferido consistentemente la estabilidad y el statu quo antes que entregar cambio democrático con rapidez. Concede el argumento contrario — que excluir a Machado y a González tiene una lógica, ya que involucrar a la candidata presunta en negociaciones sobre las reglas de su propia elección podría complicar las cosas. Ambos fueron pasados por alto, ambos declinaron participar, y ambos dijeron que juzgarían las conversaciones por sus resultados.

En cuatro semanas la vía política produjo ninguna fecha, ningún preso liberado, ninguna agenda. En un fin de semana la vía comercial produjo sesenta y cinco mil millones de barriles.

Y la administración estatal de lo que ya controla sigue siendo visible en las calles. El conteo confirmado de muertos por el terremoto llegó a 6.509 el 25 de agosto, con unos 50.000 aún desaparecidos y 73.356 atendidos. La noche del 29 de agosto, mientras el país discutía sobre su petróleo, un gran apagón golpeó al menos cinco estados, y vecinos de El Peñón en Cumaná trancaron la carretera nacional por fallas eléctricas. Diosdado Cabello atribuye los apagones a los terremotos y a El Niño; la oposición y los ingenieros independientes los atribuyen a décadas de falta de inversión. La Sociedad Venezolana de Ingenieros ha exigido actualizar las normas de sismorresistencia, revisadas por última vez en 2019, y propuesto una Comisión Nacional de Sismorresistencia. No hay indicio público de que el Estado haya actuado sobre ninguna de las dos.

También está, sin ser convocado, el fantasma. Fotografías de Nicolás Maduro aparecieron el domingo — fechadas el 25 de junio, las primeras imágenes desde la operación de enero salvo bocetos de sala — días después de que su exvicepresidenta firmara las reservas en sociedad con el gobierno que lo procesa. Y el artefacto más filoso del fin de semana es una cita de 2024, cuando Rodríguez, entonces vicepresidenta, dijo de María Corina Machado que los estadounidenses eran sus dueños, y que su amo le había ordenado entregar el petróleo, el gas, el oro.

VIII. LA PREGUNTA QUE NADIE SE HACE EN NINGUNA DE LAS DOS CAPITALES

Un analista que escriba desde Delhi, Ankara, Brasilia o Yakarta pondría esto de primero.

El 3 de enero de 2026, un jefe de Estado en ejercicio fue capturado por fuerza militar extranjera en su propio territorio y trasladado para enfrentar juicio penal en el exterior. Su vicepresidenta gobierna desde entonces bajo reconocimiento de la potencia que lo removió. Ocho meses después, esa mandataria, que nunca se ha enfrentado a un electorado, ha comprometido derechos sobre una porción sustancial de la dotación petrolera nacional a favor de un vehículo en el que la potencia removedora supuestamente tiene participación a través de su ministerio de defensa.

Cualquiera puede tener la opinión que quiera sobre la conducta de Nicolás Maduro, y el caso documentado en su contra es sustancial. La cuestión del precedente es independiente de los méritos del personaje. Toda cancillería, de Ankara a Yakarta a Pretoria a Brasilia, ha visto ahora completarse la secuencia: remoción, reconocimiento de un sucesor, acuerdo de recursos. Lo que eso le enseña a otras capitales sobre la durabilidad del título soberano sobre recursos estratégicos — y sobre los cálculos de Estados que poseen tales recursos y carecen de medios para defenderlos — es un desarrollo mayor que cualquier conteo de barriles.

Pekín ha sacado sus propias conclusiones, y su posición colateralizada en crudo le da margen para actuar sobre ellas. Moscú también. Ninguno ha respondido públicamente. Ambos lo harán.

IX. LO QUE SÍ FUNCIONARÍA

La crítica sin alternativa es comentario. Así que planteemos la alternativa, y empecemos por conceder lo que los defensores del acuerdo tienen razón.

Venezuela necesita una inyección masiva de capital, y no puede generarla. La propia estimación de PDVSA es de 58.000 millones de dólares en inversión externa para devolver la producción al nivel de 1998 de 3,4 millones de barriles diarios. No hay utilidades, porque no hay actividad empresarial de significación. No hay ahorro, porque no hubo utilidades. No hay liquidez bancaria, porque no hubo ahorro. No hay reservas. El circuito descrito en la Sección V no gira, y un circuito que no gira no puede arrancarse desde adentro. Contra ese requerimiento, los 100.000 millones anunciados equivalen a cerca de 1,7 veces la necesidad estimada internamente. Cualquier otra cosa que esté mal en el arreglo, la magnitud del capital no es fantasía, y eso merece decirse con claridad.

No puede ser un préstamo. Venezuela no tiene capacidad crediticia y, más fundamentalmente, ha demostrado a lo largo de cincuenta años que no puede administrar dinero prestado. El FIV es la prueba.

No puede operarlo el Estado. No por razones ideológicas — por el expediente. Venezuela corrió este experimento en ambas direcciones. La apertura petrolera de los noventa reconoció que PDVSA carecía del capital y la capacidad técnica para el Orinoco, abrió el sector a la inversión privada, y produjo 3,4 a 3,5 millones de barriles diarios para 1998, convirtiendo a Venezuela en el séptimo productor mundial con cerca del 5 % de la producción global. La reversión — 18.000 profesionales despedidos en 2003, el decreto de 2006 que forzó al menos 60 % de propiedad estatal, la expropiación de ExxonMobil y ConocoPhillips en 2007 — produjo 540.000 barriles diarios para 2020, un colapso del 86 %, con ingresos cayendo de unos 90.000 millones anuales a 2.300 millones.

La geología lo agrava. El crudo extrapesado del Orinoco no puede simplemente bombearse y embarcarse; requiere calentamiento, dilución con nafta importada y procesamiento en mejoradores especializados antes de ser siquiera refinable. Los cuatro mejoradores — Petropiar, Petromonagas, Petrocedeño, Petroindependencia — están solo parcialmente operativos, y su restauración completa por sí sola añadiría cientos de miles de barriles diarios. El procesamiento adicional implica que estos barriles requieren precios más altos para ser rentables que los del Pérmico o Ghawar. TotalEnergies y Equinor, operadores con experiencia genuina en crudo pesado, salieron de Petrocedeño a pérdida.

Pero una corrección a la conclusión instintiva, porque la precisión importa más que la ideología: la propiedad estatal no es la variable. La captura política del operador sí lo es. Saudi Aramco es estatal y está soberbiamente gestionada. Equinor es de mayoría estatal noruega y es de clase mundial. Petrobras es de control estatal y lidera la industria en aguas profundas. Y la propia PDVSA, de 1976 a aproximadamente 1992, figuraba entre las mejores compañías petroleras nacionales del planeta, con su propio instituto de investigación y una meritocracia técnica genuina. Lo que se destruyó en 2003 no fue la propiedad estatal. Fue el cortafuegos entre el operador y el palacio. La privatización total logra el aislamiento por una vía; un estatuto de gobernanza al estilo noruego lo logra por otra. Ambas funcionan. Ninguna se ha intentado.

Lo cual expone la falla más profunda de la estructura anunciada. La restricción vinculante en Venezuela no es capital. Es capacidad operativa — ingeniería de mejoradores, gestión de yacimientos de crudo pesado, logística de diluentes, restauración de terminales marinos. Esa experticia reside en un puñado de grandes y de compañías de servicios, todas las cuales declinaron comprometer capital sustancial. Que es precisamente la razón por la cual la estructura corre a través de penny warrants en una compañía dirigida por un intermediario políticamente conectado, en vez de mediante un acuerdo operativo con un operador de escala. NABEP es el segundo productor privado de Venezuela. No es ExxonMobil.

De modo que el marcador queda así: restricción de capital, parcialmente atendida; restricción de competencia técnica, sin atender; y la restricción de gobernanza — el cortafuegos entre operador y palacio — sin atender en absoluto, dado que la historia misma de la contraparte es la ausencia de ese cortafuegos.

Y el residual no será suficiente, lo cual debe decirse con honestidad. Unos 8.400 millones de dólares al año deben servir a casi treinta millones de personas en un país que importa su comida y su combustible, contra 37.000 millones en daños del terremoto y una década de destrucción acumulada. Es tres o cuatro veces el fondo del pozo. Es menos de una décima parte del ingreso de 2008. Necesario, y ni remotamente suficiente. Ningún flujo de regalías cierra esa cuenta hasta que el país vuelva a producir para sí mismo.

Razón por la cual la inversión importa más que la regalía, y este es el punto donde la mayoría de los análisis se detiene demasiado pronto. El flujo tributario financia un gobierno. El gasto de capital reconstruye una economía. Cien mil millones de dólares desplegados dentro del país a lo largo de una década son unos diez mil millones al año en procura, salarios, contratos, logística, transporte y servicios — un cliente con dinero y una razón para comprar localmente, por primera vez en veinte años. Eso es lo que permite que negocios cerrados reabran, que proveedores se reconstituyan y que industrias muertas reinicien. El multiplicador es el premio, no la regalía.

Y por lo tanto no puede permitirse que se convierta en otro enclave. El capital que llega llave en mano — equipos importados, cuadrillas importadas, crudo afuera y dólares a una cuenta del gobierno — no derrama nada y restaura la estructura anterior a 1958. La inversión se convierte en economía solo si se domestica deliberadamente: requisitos de contenido nacional, desarrollo de proveedores, contratación y formación local, y términos diseñados para traer de vuelta a los ingenieros. Guyana legisló exactamente esto, exactamente por esta razón. Nada de lo anunciado hasta ahora dice una palabra al respecto.

Finalmente, la secuencia. La primera fase no cuesta nada y no requiere financiamiento externo, lo cual importa cuando no hay ninguno disponible. Arreglar la moneda — dolarización formal, como hizo Ecuador en 2000, o una junta monetaria dura; Venezuela ya está dolarizada de hecho, y formalizarlo elimina la capacidad de inflar y permite que los bancos presten los dólares que ya tienen. Solo entonces liberar el crédito, ya que los encajes pueden bajar sin reavivar la inflación una vez que el ancla monetaria es externa. Restaurar el título y un catastro funcional, que es lo que convierte activos muertos en colateral. Desregular radicalmente, que es la única política de crecimiento gratuita disponible para un Estado sin dinero. Reconocer credenciales extranjeras automáticamente. La agricultura responde primero por ser la menos intensiva en capital; la restauración de refinerías probablemente supera al upstream en retorno, porque sustituye importaciones de inmediato y emplea mano de obra calificada parcialmente repatriable.

Nada de eso está en el anuncio, y nada de eso requiere el anuncio. Lo que requiere es un gobierno capaz de legislar y de que le crean.

X. CUATRO LECTURAS

La evidencia disponible al 30 de agosto no permite escoger entre estas.

Uno: la vía comercial fue siempre la vía principal. El reconocimiento de una mandataria no electa, una Nobel apartada, ninguna fecha electoral en ocho meses, un diálogo que no puede agendarse a sí mismo, y un acuerdo de recursos a escala de siglo cerrado en semanas. En esta lectura la transición fue el instrumento y el crudo el objetivo.

Dos: el acuerdo es el mecanismo, y la secuencia es correcta. El expediente comparado no favorece el instinto de elecciones primero. Irak en 2005, Libia en 2012 y Egipto en 2012 celebraron elecciones tempranas tras el colapso del régimen; los tres produjeron Estado fallido, guerra civil o autoritarismo restaurado. Corea del Sur, Taiwán y Chile se estabilizaron económicamente primero y democratizaron después, de manera duradera. Estabilización primero no es una racionalización inventada para Venezuela; es una lectura defendible de sesenta años de historia de transiciones, y la insistencia en que el proceso político avance en paralelo con el comercial es su forma sofisticada.

Tres: el éxito, modelado en serio. Guyana es la prueba de concepto y está al lado. Producción cero en 2019; unos 900.000 barriles diarios hoy desde cuatro buques, con un quinto llegando para superar el millón a fin de año; un fondo soberano con 3.960 millones de dólares que financia cerca del 32 % del presupuesto nacional; y una participación estatal que subió del 14,5 % al 39,8 % conforme se amortizó el capital, sin renegociar una coma. La producción venezolana ya subió 29,8 % de enero a julio, alcanzando 1,2 millones de barriles diarios. Apliquen esa trayectoria y obtienen tres millones de barriles a mediados de la década de 2030, una industria reconstruida con capital y una garantía de seguridad que ninguna otra parte podría proveer, y elecciones celebradas desde la solvencia y no desde la desesperación.

Cuatro: la durabilidad, que es el veredicto del propio mercado. Acuerdos firmados por una mandataria sin mandato, sin licitación competitiva, sin una legislatura legítima, sobre recursos cuya propiedad está constitucionalmente restringida, en un país cuyas acreencias externas superan el 180 % del PIB y cuyos acreedores han pasado una década demostrando que perseguirán activos donde sea — tales acuerdos no son activos. Son litigio con un cronograma de producción adjunto. Doce miembros del Congreso advirtieron precisamente esto a veintiuna compañías petroleras y de servicios en enero.

Guyana aporta la mitad cautelar de su propia lección: el contrato se ha sostenido, pero la política guyanesa ha estado consumida por la presión renegociadora desde entonces, y cada elección allí gira ahora parcialmente en torno al 2 %. Un acuerdo firmado por un gobierno que el público no escogió, en términos que el público no puede leer, se convierte en una partida permanente de cada contienda política posterior.

La negativa de Chevron y ExxonMobil a comprometer capital es el hecho más informativo del fin de semana — léase con cuidado. Ambas han evitado compromisos en Venezuela desde las expropiaciones de 2007, por razones de infraestructura, seguridad y laudos arbitrales impagos que anteceden a este acuerdo. Su reticencia no es un veredicto fresco sobre este trato. Es un veredicto permanente sobre la jurisdicción, que este trato aún no ha cambiado.

XI. ¿Y AHORA, QUÉ?

Lo que distingue a las cuatro lecturas no es opinión. Es divulgación, y es verificable en noventa días.

Publiquen el texto. Publiquen el techo de recuperación de costos y el mecanismo de reparto de utilidades, que determinan la participación efectiva que las tasas de regalía e impuesto ocultan. Publiquen una certificación independiente de reservas, para que el mundo sepa si 65.000 millones de barriles son una quinta parte de la dotación o tres quintas partes. Publiquen la estructura de propiedad y la base legal sobre la cual una oficina del departamento de defensa mantiene participación accionaria que su propio vocero dice que no puede mantener. Publiquen los acuerdos de subordinación frente a la fila de acreedores existente. Publiquen los requisitos de contenido nacional, o admitan que no existen. Y sometan el acuerdo a una legislatura con mandato — lo cual requiere, primero, que tal legislatura exista.

Cada uno es un documento, no un argumento. Su producción o no producción en los próximos noventa días resolverá más que cualquier comentario.

Frente a eso, el balance tal como está. Sesenta y cinco mil millones de barriles, contra un total nacional que es o 303.000 millones o un tercio de eso, según una auditoría que nadie ha hecho. Términos de regalía a la mitad de la tasa histórica del país, con el mecanismo de recuperación de costos que realmente gobierna el reparto sin divulgar. Una proyección de ingresos cuya propia aritmética no cuadra, llegando hacia 2030 contra una destrucción medida en junio. Una fila de acreedores de 150.000 millones parada delante del primer barril. Un operador cuya fortuna se construyó con contratos sin licitación del gobierno removido en enero, sosteniendo contratos adjudicados sin licitación por la mandataria que lo sucedió. Trescientos ochenta y dos presos aún detenidos. Cincuenta mil aún desaparecidos. Una mesa de negociación que no pudo fijar su propia próxima fecha.

Y debajo de todo ello, un país con 1 % de penetración crediticia, sin acero, con la mitad de su cemento, un sector construcción a la vigésima parte de su capacidad, y una cuarta parte de su gente en el exterior — es decir, un país que todavía no puede convertir dinero en nada.

Ese último hecho es el que los anuncios no tocan y el que decide el desenlace. El capital puede importarse. La competencia técnica puede contratarse. Pero la maquinaria que convierte capital en economía — crédito, título, contrato, moneda sana, y empresas capaces de licitar por el trabajo — tiene que ser legislada por alguien a quien el país reconozca con derecho a legislar. Eso no es un requisito moral. Es el insumo específico que desbloquea la reestructuración de deuda, el crédito institucional, el capital de la diáspora, y eventualmente el regreso de los ingenieros sin los cuales ninguno de los diecisiete campos llega a 1,5 millones de barriles diarios.

Sesenta y cinco mil millones de barriles tienen un número. La reconstrucción tiene un número. Los muertos tienen un número, revisado al alza cada pocas semanas por un Estado que no cuenta a los desaparecidos. La única cantidad que sigue faltando, ocho meses después de la operación que debía devolverle el país a su gente, es el día en que esa gente escoja quién firma en su nombre.

Hasta que ese número exista, los términos anteriores no son ni una ganga ni una traición. Son un reclamo no auditado sobre un recurso no auditado, ejecutado por una firmante no electa, en manos de una contraparte no divulgada, delante de 150.000 millones en acreedores que aún no han sido escuchados — vertido en una economía sin mecanismo para recibirlo, y sin legislatura con derecho a ratificarlo.

El país necesita la inyección. No puede ser otra obra de vitrina, y no puede ser otro préstamo.

Erasmus Cromwell-Smith II

31 de agosto de 2026

FUENTES Y LECTURAS COMPLEMENTARIAS

El acuerdo. Anuncio en Truth Social (28 de agosto); alocuciones de Delcy Rodríguez por VTV (29 y 30 de agosto); Associated Press, Fortune, Bloomberg, Reuters, El Nacional, Infobae, Euronews y La Jornada sobre términos y reacciones; Wall Street Journal y Reuters sobre la estructura de la Oficina de Capital Estratégico y la participación del 35 %; declaración del vocero del Pentágono Sean Parnell a Reuters; Bloomberg sobre los diecisiete campos y el papel de Betancourt.

Reservas y geología. Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2025 y EIA sobre la cifra de 303.000 millones de barriles; Francisco Monaldi (Baker Institute, Universidad Rice) sobre reservas no auditadas y la estimación de 100.000–110.000 millones; Stillwater Associates y Forbes sobre diluentes y mejoradores del Orinoco; Capital Economics sobre valoración de reservas.

Comparación fiscal. Acuerdo Petrolero del Bloque Stabroek de 2016 (Gobierno de Guyana); anuncio del presidente Irfaan Ali del 18 de agosto de 2026 sobre la participación del 39,8 %; Ley de Hidrocarburos venezolana de 2001 y la reforma de enero de 2026 (Gaceta Oficial Extraordinaria 6.978).

Acreencias y litigios. Formulario 10-Q del segundo trimestre de 2026 de ConocoPhillips sobre el laudo CIADI; RAND sobre la exposición china colateralizada en crudo; CNBC y Fox Business sobre la fila de acreedores; Steptoe y Al Jazeera sobre el proceso de Citgo en Delaware y la venta a Amber Energy.

La economía. Banco Mundial y TheGlobalEconomy sobre crédito al sector privado; Caracas Chronicles sobre el colapso de las finanzas corporativas y los 3.000 millones en activos bancarios; Inter-American Dialogue (Hausmann) sobre el encaje marginal del 100 % y la estabilidad cambiaria sostenida en la estrangulación del crédito; SteelOrbis, Property Rights Alliance y Adam Smith Institute sobre SIDOR y el cemento; Rio Times y Caracas Chronicles sobre emigración y capital humano para la reconstrucción; Plan País sobre intenciones de retorno.

Contexto regional. Perspectivas de la Economía Mundial del FMI (abril de 2026) y Bloomberg Línea sobre la participación de América Latina en el PIB mundial; Bértola y Ocampo vía Springer sobre la década perdida; OCDE Perspectivas Económicas de América Latina 2025, McKinsey Global Institute y Americas Quarterly sobre productividad; Banco Mundial sobre redes comerciales.

Historia del sector petrolero. CSIS sobre el declive de PDVSA y la degradación ambiental; GIS Reports y Rystad Energy sobre la apertura petrolera y el decreto de 2006; análisis de Stanford citando la estimación de PDVSA de 58.000 millones para la restauración; Real Instituto Elcano sobre la trayectoria de producción.

La transición. Chatham House (Christopher Sabatini, 11 de agosto de 2026); Foro Penal sobre presos políticos; Efecto Cocuyo y LaPatilla sobre Guanipa, Capriles y González; Reuters sobre Machado y González declinando participar.