Seis semanas después de la sorpresiva salida de Nicolás Maduro, Venezuela enfrenta una decisión crucial: ¿el equilibrio interino actual girará hacia una democracia real o se endurecerá hasta convertirse en una pseudo-transición controlada? Las primeras señales son paradójicas. Maduro ya no está, pero buena parte del aparato de su régimen sigue en pie: continuidad en la cúspide, con una liberalización apenas parcial en los márgenes. Las fuerzas de seguridad todavía responden a los mismos duros, incluso mientras las protestas callejeras reaparecen con cautela y los presos políticos van saliendo a cuentagotas de las cárceles. Un pacto petrolero con Washington está devolviéndole pulso a la economía, pero ese oxígeno puede financiar una conversión electoral o congelar la transición en un limbo reversible. Todas las piezas móviles — ingresos petroleros, lealtades de seguridad, legitimidad internacional y presión social — se están encajando de formas impredecibles. Las próximas semanas mostrarán si la apertura pos-Maduro es el inicio de un renacimiento democrático o apenas una pausa antes de un rebote autoritario.
Y, sobre todo, dependerá de cómo el liderazgo interino gestione a dos figuras poderosas de la “vieja guardia” en el corazón del Estado: Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Su destino — si son cooptados, marginados o apartados — puede decidir si Venezuela va hacia elecciones libres o regresa a la represión. En este análisis, trazamos estas dinámicas interconectadas y delineamos rutas realistas, apoyándonos en evaluaciones previas pero ofreciendo una lectura autosuficiente del próximo capítulo venezolano.
Continuidad vs. cambio: un interinato en una encrucijada
En el día 45 de la era “pos-Maduro”, Venezuela está gobernada por lo que podría llamarse un gobierno de continuidad bajo condicionalidad externa. Un decreto de emergencia del Tribunal Supremo instaló a la vice de Maduro, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, asegurando continuidad administrativa incluso cuando la presidencia quedó vaciada por la fuerza. Esta maniobra legal trata la salida de Maduro como una “ausencia” temporal, posponiendo con astucia cualquier disparador constitucional inmediato para nuevas elecciones. El resultado es una coalición interina que incluye a buena parte de la vieja élite: eso otorga estabilidad de corto plazo, pero nubla las perspectivas de un cambio real.
En lo internacional, la legitimidad se disputa en dos planos: muchos países cuestionaban la legitimidad democrática de Maduro, pero también condenan la “extracción” extraterritorial como una violación de soberanía. Este doble problema de legitimidad obliga al gobierno interino a caminar sobre una cuerda floja. Debe demostrar que no está simplemente continuando el antiguo régimen con otra cara, sino conduciendo a Venezuela hacia una democracia creíble — y hacerlo bajo un escrutinio intenso.
Todo indica que, a corto plazo, hay una bifurcación entre dos opciones claras. En el mejor escenario, el liderazgo interino convertiría el arreglo actual en un verdadero gobierno de transición que anuncie una hoja de ruta electoral con plazos definidos y supervisión internacional. Se acelerarían reformas significativas: liberación masiva de presos políticos (con listas verificables), legalización plena de partidos de oposición y medios, y garantías para que las fuerzas de seguridad toleren competencia política abierta. En esa trayectoria esperanzadora, los ingresos petroleros y el alivio de sanciones de EE. UU. se vuelven un puente hacia las elecciones: un andamiaje para reconstruir instituciones, no una caja chica para atrincherar élites. La implicación internacional pasaría entonces de la supervisión coercitiva al apoyo técnico para reconstruir capacidades. En esencia, el interinato usaría el pacto petrolero y el nuevo margen de maniobra para restaurar primero la democracia, probándole al mundo (y a su propia gente) que el capítulo pos-Maduro trata de una Venezuela libre, no de prolongar el chavismo sin Maduro.
Pero también es fácil imaginar un escenario base: una transición gestionada que estabiliza algunas cosas — se frena la caída libre económica, se toleran protestas de forma intermitente y continúan liberaciones simbólicas — , pero sin ceder las palancas centrales del poder. En ese caso, la misma camarilla que gobernó con Maduro (menos Maduro) seguiría mandando sobre el aparato coercitivo. Las reformas se vuelven fichas de negociación para conseguir alivio de sanciones, no pasos hacia un cambio irreversible. La producción petrolera podría mejorar, dándole respiro al bolívar, pero la incertidumbre política seguiría alta y la reestructuración institucional de fondo se pospondría. Resultado: una “liberalización a medias” donde Venezuela tiene un poco más de aire, pero sin ruta clara hacia un nuevo contrato social. Ese desenlace intermedio se parecería a un limbo indefinido, que no satisface ni a los duros ni a los demócratas: receta para inestabilidad prolongada.
Y, al fondo, está el peor escenario — uno que no se puede descartar mientras los saboteadores armados conserven influencia — . En ese caso, una facción dura o una fractura militar dispara una reversión de las aperturas incipientes, cerrando de golpe el espacio al disenso y devolviendo al país a la represión. Podría ocurrir mediante una represión violenta o incluso un contragolpe de leales; de cualquier manera, probablemente provocaría un retorno fulminante de sanciones estadounidenses y aislamiento internacional, asfixiando de nuevo la economía. La situación humanitaria — ya grave — empeoraría, y el éxodo masivo se aceleraría más allá de los 7,9 millones ya desplazados. En otras palabras, vuelta a los días más oscuros del madurismo, quizá peor si estalla un conflicto civil. Este escenario sigue “activo mientras los actores de veto coercitivos” (duros atrincherados en las fuerzas de seguridad) puedan “hacer retroceder la liberalización a voluntad”. ¿Quiénes son esos actores de veto? En primer lugar: Diosdado Cabello y Padrino López, precisamente las figuras a las que pasamos ahora.
Por ahora, Venezuela está entre esos desenlaces: un equilibrio incómodo. Las primeras seis semanas no han producido “ni una ruptura limpia ni una simple restauración”, sino un equilibrio interino ambiguo. La fase que viene, por tanto, es decisiva. Un puñado de pruebas clave dirá si esta apertura se vuelve real o se queda en espejismo. ¿Fija el gobierno interino fechas firmes para elecciones, o sigue dilatando bajo el discurso de la “continuidad administrativa”? ¿El goteo de liberaciones se convierte en una ola — liberaciones verificables y a escala — o sigue siendo condicionado y fácilmente reversible? ¿Las Fuerzas Armadas pueden mantener cohesión sin reprimir, y esa cohesión se usará para profesionalizar y despolitizar a la institución o para aumentar la vigilancia interna en los cuarteles? ¿El maná petrolero se administrará con transparencia o se drenará hacia nuevas formas de renta y saqueo? Y, de manera crítica: ¿puede el interinato reencuadrar el relato, alejándolo de la legalidad de la “extracción” de Maduro hacia la legitimidad de lo que venga después — es decir, hacer que esto trate primero de elecciones y necesidades humanitarias venezolanas, y no del puño pesado de Washington — ? Cada una de estas pruebas es una bisagra; juntas decidirán si Venezuela se inclina hacia la democracia o se desliza hacia un autoritarismo “gestionado” 2.0.
¿Hoja de ruta democrática o transición gestionada?
En el centro del asunto hay una elección estratégica simple para los gobernantes interinos: ¿tratarán este respiro como un puente hacia elecciones, o como un sustituto de las elecciones? Sobre el papel, desde Caracas hasta Washington todos hablan de elecciones. Pero hablar es barato; lo que importa es si siguen pasos concretos. Para convencer a una ciudadanía escéptica y a la comunidad internacional, el interinato debe tomar acciones irreversibles que solo tengan sentido si vienen elecciones reales. La principal: publicar un calendario electoral con una línea de tiempo clara para una elección presidencial y nuevas legislativas. Hasta ahora, la narrativa del Tribunal Supremo sobre una “ausencia temporal” ha permitido a la élite posponer ese compromiso. Pero cada semana sin calendario alimenta la sospecha de que el retraso es deliberado. Una hoja de ruta creíble — por ejemplo, apertura de registro electoral en unos meses, campaña permitida y comicios dentro de un año bajo observación internacional — sería la señal más fuerte de que el interinato pretende una transferencia real del poder, no un tutelaje indefinido.
De la mano del calendario vienen los presos y los exiliados. A mediados de febrero, más de 600 presos políticos seguían encarcelados incluso después de una ola de liberaciones. Foro Penal reportó 644 detenidos políticos el 9 de febrero, incluidos casi 200 militares, y decenas de desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Esas cifras no sugieren una apertura democrática plena. Sí, Reuters contabilizó más de 430 liberaciones desde inicios de enero, pero muchas fueron condicionadas (casa por cárcel o libertad con cargos latentes). El patrón sugiere una táctica: liberar lo justo para ganar aplauso o ventaja negociadora, pero conservar la palanca coercitiva de reencarcelar cuando convenga. Si se elige el camino democrático, las autoridades deben girar hacia medidas irreversibles: liberar sin condiciones y rendir cuentas sobre los desaparecidos, idealmente con verificación internacional. Del mismo modo, permitir el retorno de figuras opositoras exiliadas y retirar cargos fabricados contra disidentes señalaría que el pluralismo político vuelve de verdad. Aquí no caben medias tintas: cualquier sensación de “te libero hoy y te vuelvo a caer mañana” confirmará la sospecha de una apertura administrada.
La reforma del sector seguridad es el elefante en la habitación. Ninguna transición democrática se sostiene si las fuerzas de seguridad — militares, inteligencia, policía y colectivos armados — no aceptan un nuevo contrato social. En términos prácticos, esto implica que las Fuerzas Armadas deben comprometerse (o ser obligadas) a quedarse en los cuarteles y fuera de las salas de conteo cuando haya elecciones, y a subordinarse después a quien gane. Hoy, el ministro de Defensa, Padrino López, proyecta unidad y orden. En el shock inmediato de la extracción de Maduro, Padrino denunció públicamente el “ataque” extranjero y luego giró rápido: el alto mando militar respaldó al gobierno interino del Tribunal Supremo y prometió mantener el orden y la rutina. Ese “volvamos a la normalidad” evitó pánico y señaló que los generales no iban a desafiar a Delcy Rodríguez — al menos no de frente — . Muchos ven a Padrino como la figura bisagra: puede ser el ancla de una transferencia pacífica, usando su peso para contener a los duros y profesionalizar filas, o puede convertirse en el árbitro final que decide que el interinato no avanza más. La prueba será si Defensa empieza a ejecutar cambios coherentes con la democratización — por ejemplo, frenar espionaje interno, desarmar milicias partidistas y permitir supervisión civil — o si redobla la vigilancia del “enemigo interno” y mantiene intacto el entramado miliciano. Cada movimiento de Padrino en las próximas semanas se leerá en clave. Si vemos actos de lealtad y operativos “antisabotaje” de mano dura en vez de pasos para despolitizar cuarteles, será señal de que la institución se cubre ante la democracia y quizá se prepara para preservar el viejo orden sin Maduro.
Amnistía y justicia transicional: del dilema a la ley
La amnistía y la justicia transicional pasaron de ser un dilema teórico a convertirse en derecho vinculante — y, con ello, han revelado la verdadera geometría política del interinato — . Lo que estaba “en debate” ahora está vigente: la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática el 5 de febrero y luego sancionó el texto final de 16 artículos tras consultas y una segunda discusión, junto con la creación de una comisión especial de seguimiento; la ley aparece en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.990 (de fecha 19 de febrero de 2026). En teoría, su lógica sigue lo que prometía el borrador: tranquilizar a funcionarios, militares y al aparato coercitivo en general, asegurándoles que una Venezuela poscrisis no será un proyecto de encarcelamiento masivo. Pero esa tranquilidad llega mediante una amnistía con puerta estrecha: amplia en la retórica, angosta en la arquitectura.
Formalmente, la ley declara alcance temporal hasta el 1.º de enero de 1999. En la práctica, está condicionada por eventos: la elegibilidad depende de una lista de hitos políticos (desde el golpe de abril de 2002 hasta la presidencial de 2024 y el ciclo regional/legislativo de 2025), en lugar de ofrecer un perdón general de dos décadas de represión. Las exclusiones son explícitas — y políticamente determinantes — . La amnistía no cubre violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o de guerra, homicidio intencional o lesiones gravísimas, narcotráfico, delitos de corrupción, ni a quienes se considere que promovieron o facilitaron “acciones armadas o de fuerza” contra Venezuela por parte de actores extranjeros. Además, incorpora una barrera controvertida para exiliados: la solicitud puede presentarse por apoderado, pero el beneficiario debe comparecer personalmente ante el tribunal; y solo califican quienes hayan cesado la conducta en cuestión.
La aplicación no es una gracia automática. Los tribunales deben verificar elegibilidad “a instancia de parte” y dictar el sobreseimiento o la sentencia sustitutiva dentro de quince días continuos; los órganos policiales y militares de investigación deben cerrar averiguaciones calificadas y borrar registros; y una comisión parlamentaria coordina la supervisión con las instituciones de justicia. En efecto, la misma arquitectura institucional que facilitó la persecución politizada pasa ahora a administrar una absolución condicionada.
Esto cristaliza el dilema clásico de las transiciones en forma de ley: una amnistía demasiado amplia arriesga impunidad e ilegitimidad moral; una demasiado estrecha — o inexistente — puede convencer a los de adentro de que rendirse es ruina segura. El ejemplo de España tras Franco (1977) sigue siendo útil. Facilitó la consolidación democrática al liberar presos políticos y proteger a funcionarios del régimen, pero también dejó anclado un “pacto de olvido” que todavía complica la rendición de cuentas décadas después. La ley venezolana intenta una línea más calibrada: excluye de manera expresa los crímenes atroces y, a la vez, envía señales de indulgencia para colaboradores de menor nivel. El objetivo estratégico es claro: ofrecer garantías creíbles a militares de tropa y burócratas de rango medio dispuestos a desengancharse de la represión, mientras se aísla a los duros cuya responsabilidad no es negociable.
Los primeros pasos sugieren que la ley funciona como válvula de presión política. La Asamblea afirma que revisa 1.557 solicitudes de amnistía de detenidos y 11.000 peticiones de personas bajo medidas sustitutivas, con liberaciones “en tiempo real”; los casos no cubiertos podrían manejarse mediante “medidas de gracia” del Ejecutivo, potencialmente incluso en expedientes militares. Pero voces relevantes de derechos humanos advierten que la válvula está calibrada para conservar palancas de control. Reuters señala que la ley aprobada no restituye bienes incautados, no levanta inhabilitaciones políticas ni revierte sanciones contra medios. Foro Penal estima que al menos 400 presos políticos podrían permanecer excluidos y planea presentar 232 casos adicionales, argumentando que, aunque la ley es un paso, “la esencia” de la represión sigue intacta. Expertos de la ONU han recibido la iniciativa con cautela, insistiendo en que una amnistía debe cubrir a todas las víctimas de persecución indebida, excluir crímenes internacionales graves, evitar exigir el retorno de exiliados antes de tener claridad sobre su elegibilidad, y formar parte de una arquitectura más amplia de justicia transicional: verdad, rendición de cuentas, reparación y reforma institucional.
Al final, los incentivos son la arquitectura silenciosa de las transiciones. Al señalar que la justicia avanzará con reglas y debido proceso — no como revancha — , el interinato busca erosionar el miedo que mantiene unidas a élites atrincheradas. Un enfoque calibrado del pasado debe cumplir dos imperativos a la vez: suficiente rendición de cuentas para sostener la legitimidad, y suficientes garantías para inducir a los facilitadores del aparato represivo a soltar sus herramientas de poder. La justicia sin reglas no es justicia; es venganza — y la venganza destruye la legitimidad que una nueva democracia necesita construir.
La vieja guardia: el poder de sabotaje de Cabello y el dilema de Padrino
En el núcleo de la estructura de poder venezolana — antes y aun después de la salida de Maduro — están dos hombres cuyos próximos movimientos pueden salvar o arruinar la transición. Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López son los dos pilares del poder coercitivo del viejo régimen: uno, el ejecutor político que comandó la temida maquinaria de inteligencia y partido; el otro, el institucionalista militar que mantuvo a las Fuerzas Armadas alineadas. Cualquier “camino a la democracia” pasa por — o por encima de — estos dos. La pregunta urgente es si serán parte de la solución o restos obstinados que habrá que sacar de en medio. ¿Es inevitable apartarlos? ¿O se les puede inducir a parir un nuevo orden que, al final, reduzca su propio poder? La respuesta puede ser distinta para cada uno.
Diosdado Cabello: un duro en una encrucijada
Durante años, Diosdado Cabello ha sido visto como “el segundo poder” del chavismo: el lugarteniente más temible de Maduro, antiguo jefe de la Asamblea Nacional servil (antes de que la oposición la ganara en 2015) y, sobre todo, el gran operador de la coerción tras bambalinas. Ha dirigido con mano de hierro órganos de seguridad interna y redes clandestinas, combinando represión y corrupción. Se cree ampliamente que Cabello ha sido el enlace del régimen con la inteligencia cubana: en la práctica, el proxy de La Habana dentro del poder venezolano. Si alguien en Caracas tiene tanto el motivo como los medios para sabotear una transición negociada, es Cabello. Sabe que una democracia real probablemente investigaría y procesaría los crímenes del pasado — y pocos tendrían tanto que responder como él — . También sabe lo que se juega Cuba: el gobierno en La Habana, que durante años “se incrustó profundamente en el aparato militar y estatal venezolano”, dependía de leales como Cabello para proteger intereses (petróleo, plataformas de inteligencia, etc.). Con Maduro fuera y el suministro petrolero cubano repentinamente en riesgo, La Habana peleará con uñas y dientes por conservar su pie en Venezuela a través de figuras como Cabello.
En las primeras seis semanas pos-Maduro, Cabello ha seguido visiblemente presente. Se informa que tomó control de tareas de alto perfil: por ejemplo, supervisar el proceso de liberación de presos como ministro del Interior (cargo que podría ostentar formalmente o controlar de facto). Fiel a su estilo, las liberaciones han sido lentas y condicionadas, reforzando su fama de represión calibrada: ceder un poco para reacomodarse y volver. También ha estado al frente de la propaganda, difundiendo cifras de bajas del operativo estadounidense y llamando a la calma. En resumen, Cabello actúa como si él fuese ahora el garante del Estado: una señal de que pretende seguir siendo jugador clave. Esto encaja con el peor temor de los analistas: aun sin Maduro, el círculo íntimo permanece intacto, y el agarre de Cabello sobre inteligencia y coerción continúa. La pregunta es si una transición puede prosperar con Cabello dentro del tablero, o si necesariamente tiene que salir.
Análisis previos fueron tajantes: para que haya transición exitosa, Cabello debe ser “neutralizado”. Neutralizar no significa necesariamente un operativo nocturno para detenerlo o matarlo — al menos no de inmediato — . Significa resolver de forma decisiva lo que podríamos llamar “el factor Cabello”. Hay dos rutas: meterlo en un acuerdo o sacarlo por la fuerza política. Por un lado, Cabello podría recibir algún tipo de garantía o salida decorosa: ceder poder a cambio de seguridad. Eso podría incluir promesas discretas de que él (y quizá su familia) no será extraditado a EE. UU., o que podrá conservar parte de sus intereses económicos. Estos tratos incómodos suelen ser el precio de la paz en transiciones; Europa del Este en 1989 y Sudáfrica en 1994 vieron arreglos donde la vieja guardia obtuvo inmunidad o privilegios para no reventar el proceso. Es posible que algo similar esté sobre la mesa para Cabello. De hecho, Reuters reportó que funcionarios estadounidenses abrieron contactos de canal trasero con Cabello meses antes de la salida de Maduro, lo que sugiere que Washington pudo haber ofrecido incentivos o advertencias.
La otra vía es más dura: si Cabello no se aparta, debe ser removido. En términos simples: exilio o acción directa. Puede huir del país o enfrentar el mismo destino de Maduro: esposas y un vuelo solo de ida hacia custodia extranjera. Según reportes, funcionarios de EE. UU. han dicho esto en privado con crudeza: cerrar un trato, correr, o ser “extraído o eliminado”. Suena extremo, pero responde a una lógica fría: mientras Cabello siga incrustado en la cima del aparato de seguridad, conserva un veto efectivo sobre la transición. Siempre puede movilizar unidades leales para sabotear reformas, intimidar opositores o incluso intentar un golpe. El reciente re-arresto del opositor Juan Pablo Guanipa — capturado por agentes horas después de que un juez lo liberara — es ilustrativo. Muchos creen que Cabello orquestó ese tipo de movimientos como advertencia de que todavía controla las palancas de la coerción. Neutralizarlo, por tanto, no es saldar cuentas ni venganza: es quitarle a un solo duro la capacidad de vetar el futuro del país.
¿Es inevitable sacar a Cabello del poder? Si “purga” significa su salida del mando, casi seguro que sí si Venezuela democratiza de verdad. Es demasiado tóxico para quedarse. Incluso una amnistía generosa quizá no lo cubra dada la gravedad de los delitos que se le atribuyen (desde narcotráfico hasta violaciones de derechos humanos). Cuanto más se aferre como saboteador, más probable es que termine detenido y procesado: ya sea por una justicia venezolana fortalecida más adelante o por fuerzas externas que ya tienen acusaciones e incentivos sobre él. La palanca de EE. UU. sobre Cabello es enorme: está sancionado y aislado, hay una recompensa multimillonaria por narcóticos sobre su cabeza, y ahora Washington ha demostrado que está dispuesto a capturar gente del círculo. Cabello sabe que su “cálculo de riesgo personal” cambió drásticamente desde que se llevaron a Maduro. Sin el escudo del presidente, se siente expuesto; sus patrocinadores cubanos necesitan que aguante la línea, y su base dura exige desafío — combinación que podría tentarlo a obstruir más. Pero también sabe que EE. UU. y el interinato tienen cartas: dinero, fuerza, legitimidad legal. Así, su menú de opciones se estrecha: negociar salida, aguantar con riesgo creciente o escapar al exilio.
Su estrategia actual parece ser resistir mientras negocia: mostrarse lo suficientemente cooperativo para evitar un golpe inmediato estadounidense, pero posicionarse para conservar poder si la atención de EE. UU. se desvía. Cuánto pueda durar eso es dudoso. Cada día que Venezuela se acerca a elecciones abiertas, el terreno se le hunde a Cabello: un gobierno electo, por definición, tendería a apartarlo o procesarlo. En suma: para que Venezuela avance “sin grilletes”, el poder de sabotaje de Cabello debe eliminarse de un modo u otro. Sea mediante un arreglo silencioso o una caída dramática, el “factor Cabello” tiene que resolverse para consolidar una transición democrática.
Vladimir Padrino López: ¿garante de estabilidad o última línea del antiguo régimen?
A diferencia del Cabello abiertamente político, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López proyecta otra imagen. Militar de carrera, ha sido el rostro público de las Fuerzas Armadas durante lo peor del colapso venezolano. Padrino a menudo jugó al institucionalista — hablando de constitución y soberanía — incluso mientras la institución bajo su mando fue cómplice de represión y negocios ilícitos. Ahora ocupa un puesto decisivo: es, de hecho, el garante de la cohesión militar en un momento en que la tropa podría fracturarse o permanecer unida.
En las horas caóticas posteriores a la extracción de Maduro, su conducta fue reveladora. Al principio denunció con fuerza la intervención extranjera, diciendo que fuerzas de EE. UU. habían golpeado zonas civiles — retórica típica para cerrar filas. Pero poco después, Padrino y la cúpula se alinearon con la nueva realidad: el alto mando respaldó públicamente la decisión del Tribunal Supremo de instalar a Rodríguez como presidenta encargada, y pidió a los soldados volver a sus cuarteles y a la rutina. Ese giro rápido mostró que Padrino eligió evitar un vacío y un pánico, priorizando el orden sobre cualquier lealtad personal a Maduro. Preservó la cadena de mando, y eso probablemente evitó caos inmediato en unas fuerzas sorprendidas y potencialmente acéfalas el 4 de enero. Muchos atribuyen a su mano firme, aunque poco inspirada, el que los cuarteles se mantuvieran tranquilos y que coroneles “aventureros” no intentaran maniobras en ese momento delicado.
De aquí en adelante, su importancia es enorme. Si Cabello puede ser un destructor desde dentro del aparato, Padrino es el guardián de si las Fuerzas Armadas aceptarán, al final, someterse a una democracia civil o no. Analistas describen a Padrino como a la vez un freno para el liderazgo interino y una posible fuerza moderadora. ¿Por qué ambas? Porque puede jugar doble papel. Por un lado, puede contener a civiles interinos si avanzan demasiado rápido o lejos en cosas que el estamento militar rechaza (por ejemplo, resistirse a depurar oficiales u oponerse a cooperar plenamente con investigaciones internacionales sobre abusos). En ese sentido, es un freno: la presidenta interina necesita mantenerlo satisfecho o arriesga el respaldo militar. Por el otro, puede frenar a los duros dentro del uniforme: imponer disciplina, evitar facciones o unidades rebeldes y asegurar que ningún general incendiario arrastre a la institución a un golpe suicida. En ese sentido, es un amortiguador que protege la transición de un motín. Qué rol predomine dependerá de sus cálculos personales e institucionales.
Hoy, Padrino parece elegir estabilidad. Las Fuerzas Armadas no se han movido contra el interinato; su mensaje insiste en continuidad y “normalidad”. Ha habido ceremonias de lealtad a la presidenta encargada y votos públicos de defender la patria frente a “ocupación extranjera” — más postura hacia afuera que otra cosa. Importante: Padrino no ha intentado coronarse como gobernante de facto (no hay junta ni “consejo militar” llenando el vacío). Eso sugiere que podría estar abierto a una desescalada ordenada del rol militar en política, siempre que se protejan los intereses centrales de la institución. Esos intereses probablemente incluyen evitar humillación o procesos masivos contra oficiales, mantener presupuesto y beneficios económicos, y quizá voz en futuras reformas del sector seguridad.
Si el interinato y sus aliados internacionales actúan con inteligencia, le ofrecerán a Padrino un camino para seguir siendo una figura respetada — quizá incluso conservar el cargo por un período transitorio — a cambio de facilitar elecciones libres y aceptar luego el mando civil. Hay precedentes: en muchas transiciones democráticas se mantuvo a los generales al inicio para tranquilizar a la institución (Polonia 1989, donde Jaruzelski llegó a ser presidente por un tiempo; Chile, donde Pinochet, infamemente, se quedó años al mando del Ejército). Son arreglos tensos, sí, pero a veces evitan una reacción de vuelta.
Pero Padrino también tiene un lado oscuro. Si percibe que la transición amenaza a las Fuerzas Armadas como institución — por ejemplo, exponiendo demasiados crímenes o cortando sus fuentes económicas — puede volverse un obstáculo. La señal será el comportamiento del Ministerio de Defensa. Si Padrino usa su posición para profesionalizar y despolitizar, es buena señal: separar a los militares de funciones de policía interna, desarmar o distanciar a colectivos, invitar observadores internacionales a diálogos de seguridad. Eso construiría confianza en que busca que la institución se retire de la política y acepte supervisión civil a su debido tiempo. En cambio, si vemos más vigilancia interna, advertencias sobre “traidores” o empoderamiento de milicias, es una bandera roja: indicaría atrincheramiento, es decir, que Padrino se prepara para que los militares sigan como poder último, haya elecciones o no.
Ya hay pistas concretas que vigilar: ¿aceptará medidas creíbles de control civil, como una fuerza de seguridad electoral imparcial, o insistirá en que el propio Ejército supervise la votación “para evitar caos” (pretexto clásico para meter mano)? Y una vez anunciada fecha electoral, ¿se comprometerá sin ambigüedades a respetar el resultado? Hasta ahora invoca la constitución, pero uno puede jurar lealtad a la constitución mientras se prepara en silencio para sabotear sus puntos clave.
¿Es inevitable apartar a Padrino? No necesariamente de la misma forma que a Cabello. En el imaginario público, Padrino no está tan marcado por corrupción grosera (aunque dentro se sabe lo profundo de lo ilícito en la institución). Podría, en teoría, pasar a un rol de “estadista” si conduce al país hacia elecciones. Un gobierno democrático podría pedirle retiro honorable después de los comicios, incluso despidiéndolo con reconocimientos por “asegurar la primera transición democrática”: una salida con rostro. Sería la opción de retiro digno que suele darse a pilares del régimen que cooperan.
Pero si Padrino obstruyera activamente — por ejemplo, respaldando a Cabello en una represión o negándose a soltar influencia — entonces también tendría que ser removido. EE. UU. y la oposición quizá no tengan el mismo ánimo de choque personal que con Cabello, pero no tolerarán un “rey por encima” de un gobierno electo. En simple: si Padrino se vuelve saboteador activo, sí, apartarlo se vuelve inevitable. Si se vuelve garante de un proceso limpio, puede asegurar un lugar en el corto plazo. Las pruebas de lealtad que vienen — si el alto mando permite mítines opositores reales y protege a todos los candidatos por igual — serán decisivas. El indicador final será si la cohesión militar bajo Padrino puede coexistir con control civil creíble y un calendario electoral que conduzca a la entrega del poder. Si eso se materializa, Padrino podría ser recordado como partero de la democracia. Si no, terminará como otro obstáculo que habrá que empujar a un lado en la ruta hacia la libertad.
Equilibrar justicia y estabilidad: “Nada de venganza” vs. “Nada de impunidad”
Mientras Venezuela navega esta transición peligrosa, conviene aprender de países que lograron salir de dictaduras a fuerza de uñas. Una lección clave es la importancia de la secuencia y la contención: primero estabilización, luego apertura política, después transformación profunda. Lanzarse a purgas revolucionarias puede salir mal; no hacer nada con los crímenes del pasado puede envenenar el nuevo orden. La oposición venezolana y el liderazgo interino parecen muy conscientes de ese equilibrio. Suelen invocar experiencias de Europa del Este y España: transiciones que priorizaron una apertura estable antes que saldar cuentas de inmediato.
En Europa del Este, los democratizadores evitaron en gran medida purgas extensas o retribución masiva justo después del comunismo. En vez de eso, se enfocaron en construir instituciones legítimas y permitieron que elementos del viejo régimen participaran en el nuevo sistema, siempre que aceptaran las reglas democráticas. En Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental, etc., los antiguos partidos comunistas se reinventaron y compitieron en elecciones (casi siempre perdieron al inicio, pero a veces incluso regresaron después). Ese enfoque inclusivo no era tanto perdonar u olvidar como quitar el miedo como barrera al cambio. Mandaba el mensaje: el sistema cambia, pero quienes no obstaculicen no están en peligro inmediato de persecución. La transición incipiente venezolana parece abrazar un ethos similar. El discurso de amnistía (con límites) y la renuencia a arrestar de golpe a cada ministro de Maduro que aún quedaba en Caracas muestran que se entiende algo básico: si la vieja élite se siente acorralada sin salida, puede pelear hasta el final; si se le da un espacio en el nuevo orden, quizá ceda.
Esto no significa que se abandone la justicia. Significa que se está ordenando en el tiempo. La prioridad ahora es enderezar el barco: detener la hemorragia económica, restaurar libertades básicas, con la premisa de que una justicia integral puede venir cuando haya un gobierno democrático consolidado. Se nota en la gestión del poder judicial y agencias de seguridad: se habla de reforma, pero no hay una depuración total todavía. Burócratas y oficiales de rango medio se mantienen en sus puestos para que el Estado funcione (electricidad, hospitales, etc.) porque evitar el colapso total es el paso uno. Se asume que la estabilidad es condición previa para todo lo demás. Desde el día uno, el nuevo orden señaló que no habría linchamientos ni cacerías de brujas. El mensaje: la justicia llegará por instituciones, no por revancha. Como dijo un líder cívico: “la justicia sin reglas no es justicia. Es venganza. Y la venganza destruye la legitimidad”. Esa idea explica por qué el interinato se ha abstenido de retaliaciones extralegales incluso contra figuras detestadas: hacerlo socavaría el propio Estado de derecho que dice querer restaurar.
Dicho esto, la rendición de cuentas sigue en la agenda, solo que con un calendario razonable. El modelo probable será justicia selectiva: algunos perpetradores de alto perfil (quizá vinculados a las peores violaciones de derechos humanos o a gran corrupción) terminarán procesados para mostrar que llegó una nueva era de ley. Pero muchos otros podrían desvanecerse en el anonimato o incluso participar en política si aceptan las reglas. Ya se intuye el contorno: si el chavismo como movimiento acepta la transición, podría transformarse en un partido opositor legal compitiendo en elecciones, tal vez minoritario pero parte del paisaje. Eso se parecería a lo ocurrido con ex partidos comunistas en Europa del Este, que se reinventaron y siguieron operando (a menudo con otros nombres) bajo democracia.
En Venezuela, imagina un PSUV que se divide o se refunda, y donde sectores moderados compiten por escaños legislativos. Quizá no ganarían una presidencial libre contra una oposición unida, pero sí podrían obtener alcaldías o curules, dándole representación y un lugar en el nuevo orden a sus bases. Esa inclusión puede ser saludable: integra a los descontentos y evita empujarlos hacia resistencia violenta. Es la diferencia entre una transición desordenada pero pacífica y una purga de “el ganador se lo lleva todo” que podría detonar insurgencia o reacción militar.
Entre intelectuales opositores emerge un consenso en una frase: “ni olvido ni venganza”. Ese es, en esencia, el mandato de la justicia transicional. Implica establecer verdad (reconocer a las víctimas), proveer reparaciones y asegurar garantías de no repetición, evitando tanto impunidad general como castigo indiscriminado. En la práctica, para Venezuela podría significar una comisión de la verdad, un proceso de depuración para sacar a los peores violadores de derechos humanos de roles de seguridad, compensaciones o memoriales, y procesamientos cuidadosamente dirigidos contra unos pocos altos mandos (por ejemplo, un puñado de generales o ministros que supervisaron torturas). Al mismo tiempo, miles de perpetradores de menor nivel podrían evitar prisión por intercambio de testimonios o, simplemente, por límites de capacidad judicial. No se trata de ser blandos por deporte: se trata de gestionar un legado de abuso sin destruir el futuro. Las heridas abiertas supuran, sí, pero si intentas “llenar las cárceles” con cada ex funcionario, puedes romper una paz frágil. Es una cuerda floja moral y política.
La sociedad civil venezolana se ha venido preparando, estudiando desde el proceso de paz colombiano hasta la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica. Se acerca el día en que esas teorías tendrán que convertirse en práctica. Y cuando eso ocurra, cómo se manejen figuras como Cabello y Padrino será la prueba decisiva. Para Cabello, como vimos, el resultado tiende a ser binario (acuerdo o procesamiento) con poco punto medio. Para alguien como Padrino, podría imaginarse un enfoque más fino: retiro honorable por cooperación versus consecuencias legales por obstrucción. En todos los casos, el principio guía debería sostenerse: evitar el revanchismo que erosiona estabilidad, pero también evitar la impunidad general que erosiona justicia.
Por último, hay un activo a veces subestimado que puede ayudar a reconstruir Venezuela: la diáspora de millones. Entre 7 y 8 millones de venezolanos viven fuera tras huir de la devastación chavista. Hay profesionales, empresarios, académicos: un enorme capital humano. Muchos exiliados ya se organizan para aportar expertise, inversión y redes globales. Pueden ayudar a “transferir conocimiento institucional, construir redes, monitorear procesos y reconstruir la reputación internacional de Venezuela”, funcionando como puentes de legitimidad. Importante: su contribución no exige regreso inmediato; tecnología y viajes permiten participación a distancia mientras se estabiliza el terreno. La diáspora aporta doble: habilidades y recursos, y también presión para que las nuevas autoridades sean decentes (son personas que han visto cómo funciona la gobernanza en otros países y no tragarán los mismos trucos). Como se ha dicho: reconstruir no es cuestión de salvadores externos, sino de ciudadanos — donde estén — participando. La diáspora, junto con quienes se quedaron, será vigilante y protagonista del renacer democrático. Ese involucramiento social ayuda a que la transición no sea solo un pacto de élites, sino una renovación colectiva. Tras años de desesperanza, venezolanos alrededor del mundo se atreven otra vez a creer y a planificar. Como escribió un ensayo: “pensar en serio en el día después, en sí mismo, es un acto de resistencia”.
Fuerzas externas: zanahorias, garrotes y la batalla de los relatos
Ningún análisis del rumbo venezolano estaría completo sin la dimensión internacional. Esta transición fue precipitada por un choque externo — un operativo especial de EE. UU. — y su éxito o fracaso también dependerá de fuerzas fuera de las fronteras. Estados Unidos, en particular, se ha instalado como partero y supervisor del futuro venezolano. El enfoque de la administración Biden — perdón, de la administración Trump (en este escenario, en 2026 Donald Trump vuelve a ser presidente) — combina presión con pragmatismo.
Conviene recordar la postura pública del secretario de Estado Marco Rubio inmediatamente después de la captura de Maduro: insistió en que EE. UU. no estaba “invadiendo u ocupando” Venezuela, sino removiendo “la cabeza de un régimen criminal”. Ese mensaje buscaba calmar temores regionales y cortar el relato de imperialismo yanqui que empujan aliados de Maduro. Washington quiere verse no como un amo colonial, sino como un facilitador de la autodeterminación venezolana. Ha cuidado que su huella sea ligera: el operativo se presentó como acción tipo DEA contra un acusado, no como invasión militar. Y, de hecho, después de llevarse a Maduro no hubo tanques estadounidenses en Caracas ni un gobernador militar impuesto. El objetivo — como dijo un funcionario estadounidense — era “no conquista sino catálisis: quitar al depredador alfa para que el ecosistema se reacomode”. Es decir, decapitar al régimen para que los propios venezolanos puedan reconstruir gobernabilidad sin miedo al dictador.
Desde enero, la influencia de Washington se ha manifestado sobre todo vía alivio de sanciones y palancas financieras. La oficina OFAC del Tesoro desplegó licencias generales para reactivar la industria petrolera venezolana bajo condiciones. Las licencias generales 49 y 50 abrieron la puerta a que petroleras occidentales (Chevron, Shell, Eni, Repsol, BP) aumenten operaciones, pero con condiciones: jurisdicción de ley estadounidense, requisitos de transparencia y prohibición explícita de que el dinero en efectivo vaya a actores malignos (como intereses cubanos o chinos). Es una estrategia clásica de zanahoria y garrote: zanahorias al permitir más exportación de petróleo (hasta alrededor de 1 millón de barriles diarios, un salto que le da pulso a la economía); garrote porque EE. UU. controla las llaves y puede reimponer sanciones si el interinato incumple compromisos políticos.
Destaca especialmente la existencia de cuentas de fideicomiso/escrow bajo control estadounidense para ingresos petroleros: el dinero fluye, pero parte queda retenida para garantizar que se use en necesidades humanitarias y costos electorales, no en represión. El mensaje es claro: si el interinato avanza de verdad hacia la democracia, el flujo continúa y con el tiempo el control pleno se afloja; si hay retroceso, se corta en semanas. Esa reapertura condicionada ya tuvo efectos: el tipo de cambio se ha estabilizado algo con nuevas entradas de dólares, y la inflación — aun terrible — ya no está en caída libre. Pero el sector privado sigue cauteloso: bancos y traders dudan, sin saber si la distensión durará. Esa hesitación también es palanca: el interinato entiende que debe “ganarse” continuamente la normalización; si se desvía, se evaporan la confianza y los socios petroleros.
Un riesgo de esta tutoría externa es el rebote nacionalista que puede provocar. Duros como Cabello y sus aliados mediáticos ya empujan el relato de que Venezuela está bajo tutela gringa o incluso ocupación: que Delcy Rodríguez es un títere y que EE. UU. “maneja Venezuela” (más aún si desde Washington se lanzan comentarios fuera de tono). La condena pública del secretario general de la ONU al operativo como “precedente peligroso” alimenta esa narrativa de violación de soberanía. Si los venezolanos empiezan a sentir que el destino del país se decide más en Washington que en Caracas, puede erosionarse la legitimidad de la transición. Como advirtió un analista, si la gente vive el marco petrolero y el proceso político como “dominación extranjera”, se fortalece el encuadre nacionalista de los duros y se debilita el apoyo social necesario para la democracia.
El interinato y EE. UU. deben contrarrestar esto “venezolanizando” la transición: dejar claro que primero vienen elecciones y prioridades humanitarias, y que cualquier rol extranjero es temporal y al servicio de esos fines. Un movimiento inteligente sería invitar observadores internacionales diversos (América Latina y Europa) para diluir la percepción de control unilateral. Otro: insistir en público, paso a paso, en que las decisiones las toman instituciones venezolanas (aunque haya presión suave de EE. UU. detrás). En la práctica, muchos países que criticaron el operativo igual podrían apoyar un resultado democrático liderado por venezolanos; lo que no quieren es legitimar el precedente de “secuestrar” a un jefe de Estado. Eso significa que, si el interinato organiza elecciones creíbles, Europa y América Latina pueden reconocer al nuevo gobierno y apoyar con ayuda, aunque nunca aplaudan el método de salida de Maduro. La responsabilidad recae en los líderes venezolanos: aprovechar esa ventana moviéndose rápido hacia legitimidad por votos.
Otro actor externo es Cuba, ya mencionada como saboteador tras bambalinas. La caída de Maduro dejó en evidencia cuán profunda era la inserción cubana en seguridad venezolana: La Habana admitió que 32 de sus miembros murieron defendiendo a Maduro. Eso abrió ojos. Una cosa es sospechar presencia cubana; otra es ver ataúdes. Subrayó que la “des-cubanización” del aparato de seguridad ahora es un desafío real, no retórica. En respuesta, EE. UU. aprieta a Cuba: ha cortado el acceso cubano al petróleo venezolano (combustible que recibían barato o gratis) aplicando sanciones con rigor a petroleros, contribuyendo a una escasez severa de combustible en la isla. También se reporta disrupción de médicos y asesores cubanos en Venezuela, con algunos saliendo; eso golpea finanzas e influencia de La Habana, porque esas misiones eran negocio y herramienta de imagen.
Todo esto reduce la palanca de Cuba en el terreno, pero no elimina su capacidad de hacer daño. Las redes de inteligencia construidas durante dos décadas no desaparecen de la noche a la mañana: todavía pueden filtrar información a duros, ayudar a esconder activos o incentivar sabotajes. Además, Cuba y otros (como Rusia) pueden insistir en el relato de que el interinato es una junta instalada por Washington. Para contrarrestarlo, hay que enmarcar la transición no como anti-Cuba ni anti-nadie, sino como pro-Venezuela: soberanía venezolana expresada en elecciones libres, argumento difícil de combatir incluso con propaganda. Y hay que entregar resultados humanitarios tangibles: por ejemplo, el interinato recibió recientemente un envío humanitario de medicinas de 6 toneladas desde EE. UU., señal de que, aun con disputas legales, se puede cooperar por la gente. Cuantas más mejoras concretas vean los venezolanos (medicinas, programas alimentarios, luz, empleo), menos calarán eslóganes nacionalistas abstractos. De hecho, encuestas tempranas muestran un salto de optimismo tras la intervención: hay cautela por seguridad, pero muchos sienten que se giró una esquina. Mantener ese optimismo vivo es clave.
Finalmente, el contexto regional y global: América Latina observa de cerca. Algunos gobiernos (Cuba, Nicaragua, quizá Bolivia) son abiertamente hostiles a lo que ven como cambio de régimen impulsado por EE. UU. Otros, como Brasil o Colombia, aunque no son pro-Maduro, deben equilibrar rechazo a Maduro con preocupación de principio por violaciones de soberanía. Pero todos terminarán aceptando los hechos si Venezuela logra elecciones legítimas y estabiliza. También está el debate del precedente: ¿haría EE. UU. esto en otro país? Poco probable; Venezuela es un caso singular por la mezcla de un presidente acusado de narcotráfico, un Estado colapsado y años de callejones diplomáticos. Precisamente por el debate del precedente, los nuevos líderes venezolanos deben ser cuidadosos en mostrar continuidad constitucional. El papel del Tribunal Supremo al nombrar a Rodríguez fue, en parte, un “velo” de legalidad para un vacío impuesto desde fuera. Mantener esa delgada cobertura (que esto es un proceso constitucional interno tras un evento extraordinario) ayuda a que otros países justifiquen el vínculo con el interinato. Con el tiempo, si surge un gobierno electo, esa polémica se diluirá. Después de todo, en Panamá tras 1989, la mayoría de países reconoció al gobierno electo que siguió y pasó página. Algo similar podría ocurrir si Venezuela logra reiniciar su democracia.
En síntesis, la comunidad internacional — liderada por EE. UU. — ha instalado un marco de apoyo condicionado: dinero y reconocimiento a cambio de progreso democrático. Es oportunidad y trampa. Oportunidad: con miles de millones potenciales en ingresos petroleros y alivio de sanciones, Venezuela tiene pista financiera para reconstruir si adopta una transición “elecciones primero”. Trampa: el problema de óptica y soberanía; si los líderes caen en usar el maná petrolero para enriquecerse o retrasar la democracia, validarán críticas y probablemente activarán un corte, devolviendo al país a crisis.
Hasta ahora, EE. UU. intenta ser discreto en la gestión diaria (no hay “asesores” estadounidenses visibles dirigiendo ministerios, por ejemplo). Pero hay un área donde participa sin pudor: la reestructuración del sector seguridad. La visita a Caracas del jefe de inteligencia estadounidense (DNI John Ratcliffe, en esta línea temporal) a mediados de enero fue un mensaje claro. Se reporta que llevó listas: identificar activos cubanos a expulsar y ofrecer asistencia para “extirpar redes cubanas y reorientar la arquitectura de seguridad venezolana bajo supervisión estadounidense”. Esto es delicado: participación extranjera en depurar y rehacer la seguridad de otro país. Si se hace con discreción, puede ayudar a neutralizar los elementos más peligrosos (como partes de la contrainteligencia militar DGCIM muy atadas a La Habana). Si se hace de manera pesada, parecerá una purga dirigida desde Washington y alimentará rechazo. Por ahora, el interinato parece haber aceptado ayuda técnica con cautela: saben que la necesitan, porque la confianza en mando local quedó dañada. Esta ayuda externa podría ser el factor silencioso que permita la “purga inevitable” de leales de Cabello dentro de seguridad sin baño de sangre: usando inteligencia para aislarlos y quizá convencer a otros de sacarlos desde dentro. Es revelador que mandos medios ya estén cooperando, sintiendo que la patronal de Maduro se acabó. En los próximos meses, es previsible un recambio lento en seguridad: retiros, ascensos de perfiles más profesionales, reacomodos para apartar a los peones de Cabello. Padrino probablemente gestionará esto junto con consejo externo, si está comprometido con la transición.
Conclusión: ¿democracia o “limbo reversible”?
El momento “pos-Maduro” es, ante todo, fluido. Venezuela sale de la noche larga del autoritarismo y parpadea ante una semilibertad a la que no está acostumbrada, sin saber si el amanecer llegó o si es un falso amanecer. Las primeras seis semanas produjeron un equilibrio: el viejo régimen sin su figura principal, una apertura social pero no en las cúpulas del poder, y una economía reanimada bajo tutoría externa. Ese equilibrio aún puede inclinarse en cualquier dirección. Puede evolucionar hacia una transición genuina: con plazos claros hacia elecciones, monitoreo internacional y “garantías creíbles del sector seguridad” para que los militares acepten el resultado. En ese escenario, Venezuela vería un segundo nacimiento democrático quizá dentro del año: un gobierno electo de unidad, reconciliación nacional y el inicio de reconstrucción con apoyo global. O, por el contrario, el arreglo interino puede endurecerse en una pseudo-transición gestionada, donde cambios cosméticos esconden continuidad autoritaria de una camarilla que ya solo perdió el apellido Maduro. En ese caso, Venezuela tendría alivio corto — algunas sanciones levantadas, algo de oxígeno económico — , pero perdería la ventana histórica para resetear su política. Y, siempre acechando, está el riesgo de retroceso: un regreso repentino a represión si los duros se sienten amenazados o envalentonados.
¿Qué define el desenlace? Sobre todo, la disposición de esos “actores de veto coercitivos” que todavía pueden tumbar la liberalización cuando quieran. Volvemos a Cabello y Padrino (y sus redes). Si concluyen que les conviene más una apertura controlada que volver al aislamiento, se puede allanar el camino electoral. Si no, intentarán frenar o descarrilar, y entonces la respuesta quizá sea una purga contundente de su influencia.
Así, una “purga” de la vieja guardia puede ser precondición o consecuencia de una transición real. Precondición: sin neutralizar políticamente a Cabello y contener a Padrino, elecciones libres simplemente no se permitirán. Consecuencia: si toleran elecciones reales, el gobierno legítimo resultante casi con seguridad los removerá después para asegurar la paz. En cualquiera de las dos lecturas, sus días en el poder están contados — salvo que la apertura democrática sea la que termine contándose.
En términos concretos, hay movimientos bisagra que observar pronto. Si se publica un calendario electoral con aval de actores clave, será campana de esperanza. Si vemos a Cabello saliendo discretamente de escena — un anuncio súbito de enfermedad, una “misión diplomática” en el extranjero u otra salida con maquillaje — probablemente marque un giro hacia cambio real. En cambio, si Cabello se mantiene atrincherado y vuelven el hostigamiento a activistas o el silenciamiento de medios, eso anuncia transición estancada. Con Padrino: si insiste en deber constitucional y de verdad se reúne con oposición o garantes internacionales para planificar seguridad electoral, es excelente señal. Si empieza a hablar de “enemigos internos” o despliega ejercicios militares en ciudades, algo se torció. La comunidad internacional ajustará postura: más zanahorias si hay pasos positivos; sanciones de vuelta si hay regresión.
Venezuela está en ese cruce que los libros de historia subrayan: cuando un pasado de miedo y un futuro de esperanza disputan el presente. El miedo que sostenía la dictadura se disipa: los venezolanos han perdido el miedo porque, habiendo perdido la esperanza en el viejo sistema, sienten que ya no tienen mucho que perder. Y la esperanza, cuando se reenciende, es antídoto poderoso contra el miedo. En 1989 vimos cómo, cuando la gente dejó de temer al régimen, hasta el Telón de Acero pudo caer. Hoy, en Venezuela, la gente prueba los límites de su libertad: protesta, habla, se atreve a imaginar una vida normal otra vez. Si los gobernantes interinos — y sus patronos sombríos — intentan reimponer miedo, pueden encontrarse con una población poco dispuesta a volver al caparazón. La expectativa popular ya salió de la botella. Una mayoría se muestra optimista en que por fin viene el cambio. Para convertir optimismo en realidad, el interinato debe cumplir la promesa de un reinicio democrático, y los duros que quedan deben jugar o salir del juego.
Los próximos meses podrían traer hitos históricos: la primera campaña presidencial competitiva en más de dos décadas; quizá el ascenso de una figura opositora unificadora que se convierta en la primera presidenta elegida libremente de una nueva era — alguien como María Corina Machado, que ha resistido tanto y simboliza la lucha democrática. A Machado la han comparado con Lech Wałęsa en Polonia: disidente que llega a la presidencia tras caer el comunismo. Ese paralelismo podría materializarse si de verdad hay elecciones libres. Imagina: entrega pacífica del poder, militares aceptando el resultado, y Venezuela iniciando lo que el ensayo “The Case for Venezuela” llamó “una segunda república venezolana: deliberada, inclusiva, orientada a exportar y resiliente”. No es una utopía; está al alcance, pero solo si todas las piezas se mueven en la dirección correcta.
Por ahora, la respuesta a la pregunta inicial — apertura o pausa; democracia o autocracia gestionada — “todavía no está escrita”. La escribirán los días que vienen. El mundo mira, el pueblo venezolano espera con el aliento contenido, y la historia llama. El camino a la democracia existe: estrecho, cuesta arriba, pero inconfundible. Que Venezuela lo tome dependerá de que la sensatez pese más que la ambición, de que viejos depredadores se aparten (voluntariamente o no), y de que un país de sobrevivientes se atreva otra vez a gobernarse. El escenario está listo para un triunfo de la democracia latinoamericana — o para una lección sobria sobre lo difíciles que son de matar los viejos hábitos. Todas las miradas están puestas en Caracas.
Erasmus Cromwell-Smith
22 de febrero, 2026.
Fuentes
- Erasmus Cromwell-Smith, “The Case for Venezuela” (“El caso de Venezuela”), Erasmus’s Newsletter (enero 2026) — analogías históricas, estrategia de transición, análisis de saboteadores.
- Erasmus Cromwell-Smith, “Post-Maduro Venezuela: Progress, Remaining Risks, and the 45-Day Test” (“Venezuela pos-Maduro: avances, riesgos restantes y la prueba de los 45 días”), Erasmus’s Newsletter (febrero 2026) — estado del gobierno interino, escenarios, rol de Cabello/Padrino.
- Michael Weiss, “Marco Solo”, Foreign Office (21 de febrero de 2026) — contexto sobre la postura del secretario de Estado Marco Rubio y el enfoque de política de EE. UU.
- Reportajes de Reuters, AP y Bloomberg (enero–febrero 2026) — por ejemplo: el Tribunal Supremo instala a Rodríguez; contactos EE. UU.–Cabello; Cabello sobre bajas; cifras de liberaciones; personal cubano fallecido; producción petrolera y licencias de sanciones; encuestas y protestas.
- Foro Penal (febrero 2026) — conteo de presos políticos.
- Lissie Albornoz, “Rebuilding Venezuela After Dictatorship — The LAW Way” (“Reconstruir Venezuela tras la dictadura: el camino del Estado de derecho”), (diciembre 2025) — principios de justicia transicional, restauración del Estado de derecho, rol de la diáspora.
- Referencias históricas — transiciones de Europa del Este (1989), transición española (1975–77) (varias citas en el texto).
